◾Carlos
Ortiz Moreno / Expresiones Guerrero
Acapulco; Guerrero, a 04 de junio de 2025.- La Auditoría
Superior del Estado presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía General
del Estado en contra de la alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López
Rodríguez, por presuntamente negarse a comprobar 898 millones de pesos de
recursos federales que ejerció su administración en el ejercicio fiscal del
2023.
César López Velázquez, director general de asuntos jurídicos
de la Auditoría Superior del Estado, presentó mediante un escrito la denuncia
correspondiente para que la Fiscalía inicie una investigación para determinar
si se han cometido delitos y, en su caso, para tomar las medidas legales
correspondientes.
Según medios de comunicación de circulación nacional, el
representante de la ASE acudió a la Fiscalía guerrerense para entregar las
pruebas y se adelantó que en los próximos días se presentará una demanda ante
el Tribunal de Justicia Administrativa.
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| El titular de la ASE, Marcos César Paris Peralta Hidalgo |
Los 898 millones de pesos que la ASE acusa a López Rodríguez
de no solventar pertenecen al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS).
La Auditoría estatal le había dado como plazo a la
Administración municipal de Acapulco hasta el pasado 27 de mayo para que
presentara el informe de la comprobación de los 898 millones de pesos.
Abelina López dijo que al único órgano fiscalizador que le
presenta sus informes de comprobación de recursos federales es a la Auditoría
Superior de la Federación (ASF).
Según la primera edilesa de Acapulco, los 898 millones de
pesos son recursos federales que le toca auditar exclusivamente a la ASF y no a
la Auditoría estatal.
La morenista, ligada al grupo político del actual secretario
de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, acusó abiertamente al gobierno estatal,
también emanado de Morena, de "persecución política y violencia de
género".
Apenas el pasado 1 de junio, López Rodríguez estuvo presente
en la ceremonia del Día de la Marina Nacional, encabezado por la presidenta
Claudia Sheinbaum Pardo y a la que también acudió la gobernadora Evelyn Salgado
Pineda.
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| La gobernadora Evelyn Salgado saluda a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Acapulco |
De acuerdo con profesionales del Derecho, la decisión de dar
parte a la Fiscalía por no presentar datos de auditoría estatal en el gobierno
depende de la gravedad de la irregularidad y la legislación aplicable.
Generalmente, se da parte cuando la falta de presentación de datos puede
constituir un delito o una infracción grave de la ley.
Los abogados entrevistados indicaron que hay factores que
determinan la necesidad de dar parte a la fiscalía como es la gravedad de la
irregularidad, o sea, la falta de presentación de datos puede ser una simple
omisión administrativa o una conducta con intención de ocultar información y
causar daño a la Hacienda Pública. Si la omisión es grave y con intención de
defraudar, es más probable que se denuncie a la Fiscalía.
La ley puede establecer sanciones penales para la no
presentación de datos de auditoría o para la falsificación de documentos. Si
los servidores públicos actúan con la intención de ocultar información o
defraudar, es más probable que se considere una infracción grave y que se dé
parte a la fiscalía.
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| El senador por Morena, Félix Salgado Macedonio |
La denuncia se puede presentar en la fiscalía competente,
generalmente la que tenga jurisdicción sobre el territorio donde se cometió la
irregularidad.
Una vez denunciados los hechos, la Fiscalía iniciará una
investigación para determinar si se han cometido delitos y, en su caso, para
tomar las medidas legales correspondientes.
En resumen, la decisión de dar parte a la Fiscalía se basa en
la gravedad de la irregularidad, la legislación aplicable, la intención de los
infractores y los resultados de la auditoría. Es importante tener en cuenta
que, en algunos casos, puede ser suficiente una denuncia administrativa o una
sanción disciplinaria.
Sin embargo, en casos graves, se puede dar parte a la fiscalía para que se investigue la posibilidad de que se haya cometido un delito.
