Insta Érika Lührs a reglamentar la Ley de Voluntad Anticipada que ampara el derecho a una muerte digna

*Fue promulgada desde 2012 y carece de reglamento lo que la hace obsoleta e inoperante

*El objetivo de esa ley es brindar certeza legal a enfermos terminales que decidan no prolongar su vida ante un diagnóstico irreversible

/VERÓNICA CASTREJÓN ROMÁN

Chilpancingo; Guerrero, a 16 de junio de 2025.- “El derecho a una muerte digna representa un acto supremo de respeto a la libertad individual y a la dignidad humana”. Así inició Érika Lührs su propuesta de creación del Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guerrero que, pese a haber sido aprobada en 2012, hoy, es obsoleta e inoperante.

El objetivo de esa ley es brindar certeza legal a las personas que, enfrentando enfermedades terminales o condiciones médicas irreversibles, desean expresar anticipadamente su voluntad sobre los tratamientos médicos que desean recibir -o rechazar- en la etapa final de su vida, informó la diputada por Movimiento Ciudadano.

Argumentó que, a casi 14 años de su promulgación, aún se carece de un reglamento para su aplicación y no se han cumplido los artículos segundo y tercero transitorios, que responsabilizan al gobernador del estado para que, a través de la Secretaría de Salud se emita el reglamento correspondiente, que contenga los lineamientos para la aplicación de la ley, en un término de 90 días naturales posteriores a su entrada en vigor.

Los artículos incumplidos durante las pasadas cuatro legislaturas, señalan también, sostuvo en su exposición de motivos, Érika Lührs, la obligación del gobernador para suscribir un convenio con el Colegio de Notarios que garantice el cumplimiento de la ley y el menor costo de los honorarios posible.

“Es importante aclarar que voluntad anticipada no es lo mismo que la eutanasia. La voluntad anticipada regula la ortotanasia. Esto es la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal. En México, la legislación vigente prohíbe la eutanasia o acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente”, explicó.

En México, las entidades que cuentan con esta regulación son: Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. En el resto del país es ilegal.

Enseguida, informó la legisladora local, que la figura de la voluntad anticipada se ha implementado en diversas entidades federativas con resultados positivos y medibles y que, sólo en la Ciudad de México, desde la entrada en vigor de su ley respectiva, en 2008, se otorgaron más de 12,000 documentos de voluntad anticipada, tanto en instituciones de salud como ante notarios públicos.

Érika Lührs enumeró los beneficios de la Ley de Voluntad Anticipada que se le han negado a los guerrerenses: paz emocional y certeza jurídica para los pacientes y sus familias, respeto a la autonomía personal, reducción de gastos médicos innecesarios, al evitar tratamientos sin beneficio terapéutico, evita conflictos familiares y legales respecto a decisiones médicas al final de la vida y facilita la labor del personal médico, al contar con lineamientos claros sustentados en la voluntad del paciente.

“La ausencia del reglamento en Guerrero deja esta ley inoperante, negando a miles de ciudadanos la posibilidad de ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo y su muerte con dignidad. Sabemos que los moribundos no representan clientelas políticas ni significan votos en las urnas, pero gobernar no es administrar intereses electorales; es servir con justicia y humanidad a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los más vulnerables”, recalcó.

Conminó a los diputados a ser omisos ante el sufrimiento silencioso de miles de personas que, en condiciones de enfermedad terminal, no encuentran respaldo legal para ejercer su derecho a decidir sobre los tratamientos médicos que desean o no recibir:” este Congreso del Estado debe ser congruente con los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos que promueve, y solicitar a las instancias competentes que cumplan con su deber de hacer operativa esta ley”, dijo, por último.