*Es necesario transformar dichos acuerdos en mandatos institucionales que garanticen respuestas formales y en tiempo: Jhobanny Jiménez
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 01 de diciembre de 2025.— El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza
presentó dos iniciativas mediante las cuales se adiciona un artículo 314 Bis a
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y un artículo 64 Ter a la Ley 465 de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, con el propósito
de hacer vinculantes los acuerdos parlamentarios y establecer sanciones a las
autoridades que omitan responderlos, fortaleciendo así la eficacia legislativa.
Las iniciativas, que fueron turnadas a las Comisiones de
Estudios Constitucionales y Jurídicos, y de Justicia para su análisis y
dictaminación, señalan que actualmente los acuerdos parlamentarios, pese a ser
herramientas importantes dentro del trabajo legislativo, suelen quedar en
resoluciones simbólicas que exhortan a las autoridades sin generar respuestas
obligatorias
El legislador destacó la necesidad de transformar dichos
acuerdos en mandatos institucionales que garanticen respuestas formales y en
tiempo.
Explicó que la propuesta plantea adiciones a la Ley Orgánica
del Poder Legislativo para establecer que todos los acuerdos aprobados por el
Congreso sean vinculantes para los entes públicos destinatarios, quienes
deberán responder por escrito en un plazo no mayor a 30 días naturales,
detallando acciones y avances.
Asimismo, indicó que se busca adicionar el artículo 64 Ter a
la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas, con el fin de sancionar a los
servidores públicos que omitan responder sin causa justificada. Las sanciones
irían desde amonestaciones hasta inhabilitaciones, dependiendo de la gravedad
de la omisión, fortaleciendo así el cumplimiento de los principios de
legalidad, responsabilidad y transparencia.
El diputado Jiménez Mendoza resaltó que la propuesta no invade competencias de otros poderes, sino que fortalece la función fiscalizadora del Congreso, tomando como referencia modelos vigentes en entidades como Jalisco, Ciudad de México y Chihuahua, donde mecanismos similares han demostrado eficacia.
