Denuncia el Sistema Estatal de Evaluación Guerrero grave omisión legislativa

*La sentencia dictada en un juicio de amparo reconoce que el Poder Legislativo local incumplió con su deber de expedir la Ley de Declaración Especial de Ausencia

*La ausencia de esta ley ha impedido durante años que las personas con familiares desaparecidos accedan a una figura jurídica clave para proteger su patrimonio

/La Redacción

Chilpancingo, Guerrero, a 13 de enero de 2026.- El Sistema Estatal de Evaluación Guerrero (SEEGRO) hace referencia a un oficio remitido al Congreso del Estado de Guerrero, registrado hoy en el orden del día, que da cuenta de una resolución judicial de alta relevancia constitucional, jurídica y política, al evidenciar de manera formal la existencia de una omisión legislativa prolongada en una materia directamente vinculada con la protección de los derechos humanos de las víctimas de desaparición y de sus familias.

La sentencia dictada en el juicio de amparo 813/2025 no solo reconoce que el Poder Legislativo local incumplió con su deber de expedir la Ley de Declaración Especial de Ausencia, sino que además convierte esta falta en una obligación exigible y perentoria, al ordenar su emisión en el periodo legislativo más próximo, bajo el sustento de la Constitución, de la Ley General en Materia de Desaparición y de un tratado internacional ratificado por el Estado mexicano.

Foto tomada del muro de Familias en busca de sus desparecidos, A.C.

Esto coloca al Congreso en una posición de sujeción directa a una ejecutoria judicial que no admite interpretaciones políticas discrecionales, pues se trata de una orden derivada del principio de supremacía constitucional y del control judicial de la actividad legislativa cuando esta afecta derechos fundamentales.

Asimismo, el alcance de la resolución trasciende la simple elaboración de una norma, ya que vincula a todas las autoridades estatales que participen en el proceso legislativo y en su implementación, estableciendo que la futura ley debe contar con recursos presupuestales suficientes, así como con mecanismos de capacitación y sensibilización para garantizar su eficacia real.

Foto toada del muro de Socorro Guzmán

En este sentido, el oficio revela que el problema no es meramente técnico o administrativo, sino estructural: la ausencia de esta ley ha impedido durante años que las personas con familiares desaparecidos accedan a una figura jurídica clave para proteger su patrimonio, su seguridad social y otros derechos civiles, profundizando su condición de vulnerabilidad.

Por tanto, la notificación judicial no solo obliga al Congreso a legislar, sino que también exhibe una deuda institucional con las víctimas y coloca al Poder Legislativo bajo un escrutinio reforzado respecto de su responsabilidad en la construcción de un marco normativo que materialice los compromisos constitucionales e internacionales del Estado mexicano en materia de desaparición de personas y acceso efectivo a la justicia.

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