*El objetivo es garantizar la eficiencia, eficacia y legalidad en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones establecidas en la legislación vigente: diputada Luissana Ramos
La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 22 de enero de 2026.– La diputada Luissana Ramos Pineda
(Morena) presentó ayer un punto de acuerdo por el que se exhorta a los 84
ayuntamientos y al Consejo Municipal de Ayutla de los Libres para que, en el
ámbito de sus respectivas competencias, procedan a la elaboración, o en su caso
actualización y difusión a través de medios electrónicos y digitales del
Reglamento Interno de los Órganos de Control Interno Municipales.
El objetivo es garantizar la eficiencia, eficacia y legalidad
en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones establecidas en la
legislación vigente, detallando su estructura, procedimientos y manuales de
operación, con el fin de avalar que sus actuaciones se realicen con eficiencia,
objetividad e imparcialidad, fortaleciendo así la fiscalización de los recursos
públicos municipales.
En tribuna, la legisladora expuso que la Constitución
Política del Estado reconoce la obligación de las autoridades de conducirse
bajo los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, así
como el derecho de las personas a acceder a la información pública. Además, la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado otorga a las contralorías
municipales atribuciones específicas en materia de control interno,
fiscalización, auditoría y responsabilidades administrativas.
Añadió que, para ejercer estas funciones con certeza
jurídica, es indispensable que cuenten con reglamentos internos vigentes,
armonizados y de conocimiento público, como lo señala la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
Por ello, consideró necesario este exhorto para fortalecer el
cumplimiento de las obligaciones legales ya existentes e incentivar las buenas
prácticas de gobierno abierto, ya que publicar reglamentos internos no es una
concesión, sino una obligación legal y ética que brinda certeza a las y los
servidores públicos, además de generar confianza en la ciudadanía.
“Este exhorto tiene como propósito fortalecer la
fiscalización municipal, entendida no solo como una función administrativa,
sino como un derecho de la ciudadanía a que cada peso público sea vigilado,
auditado y ejercido conforme a la ley. Una contraloría con reglas claras y
públicas es una contraloría que puede actuar con mayor independencia, eficacia
y credibilidad frente a la sociedad”, indicó. La propuesta fue turnada a las
Comisiones Unidas de Asuntos Políticos y Gobernación y de Transparencia y Anticorrupción.
