*Constituye una medida indispensable para consolidar un sistema educativo más justo, eficiente, equitativo e incluyente
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 05 de febrero de 2026.- El Congreso del Estado exhortó al
titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para que
atienda de manera prioritaria la situación del Personal de Apoyo y Asistencia a
la Educación (PAAE) y de maestras y maestros no incorporados al Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), garantizando su
regularización administrativa y laboral, su incorporación gradual al sistema y
la instalación de una mesa interinstitucional nacional.
Esto, a propuesta del diputado Pánfilo Sánchez Almazán, a la
cual se adhirió la diputada Araceli Ocampo Manzanares, dictaminado por las
Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Desarrollo Económico
y Trabajo. En el dictamen se destaca que la sensibilidad, la responsabilidad
institucional y el consenso político en torno a una causa legítima —la
dignificación del trabajo educativo— fueron motivo para aprobar por unanimidad
esta propuesta.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Pánfilo Sánchez
Almazán hizo hincapié en la necesidad de visibilizar y atender una problemática
estructural que durante años ha colocado en condiciones de vulnerabilidad
laboral a trabajadoras y trabajadores de la educación en Guerrero,
particularmente al personal PAAE y a docentes que no han sido incorporados al
FONE.
Dijo que las Comisiones Unidas coincidieron en que avanzar en
la regularización laboral y en la incorporación gradual al FONE del personal
PAAE y del personal docente no incorporado constituye una medida indispensable
para consolidar un sistema educativo más justo, eficiente, equitativo e
incluyente, especialmente en una entidad como Guerrero, donde persisten rezagos
históricos y desigualdades estructurales.
Asimismo, agregó que este exhorto cumple plenamente con los
criterios de legalidad, pertinencia social, viabilidad institucional y
oportunidad pública, al canalizar una demanda legítima mediante un instrumento
respetuoso de las competencias federales, fortaleciendo además la coordinación
interinstitucional mediante la propuesta de instalación de una mesa de trabajo.
