Continúa el blindaje de la SCJN a favor de la alcaldesa Abelina López, pero no culmina el caso que la señala del desvío de 898 MP

*La Auditoría Superior del Estado (ASE) la acusa de desacato al negarse a comprobar el uso de 898 millones de pesos de un ramo federal

*Solo la federación puede auditar esos recursos, señala la presidenta municipal de Acapulco y acusa a la ASE de daño moral

/VERÓNICA CASTREJÓN ROMÁN

Acapulco; Guerrero, a 12 de marzo de 2026.- Continúa el blindaje de la SCJN a favor de la alcaldesa Abelina López, al confirmar la suspensión judicial que prohíbe fiscalizar la cuenta pública 2023 de su administración, en tanto la Suprema Corte determina si la auditoría iniciada por la ASE al Ayuntamiento de Acapulco por la gestión y aplicación de 898 millones de pesos de recursos federales, es legal o el órgano estatal carece de atribuciones para realizarla.

Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), protege a la presidenta municipal de Acapulco de cualquier sanción que pudiera enfrentar luego de ser acusada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de desacato al negarse a comprobar el uso de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) del 2023.

La resolución a favor y unánime del Pleno de la SCJN a la propuesta del ministro Rodrigo Arístides Guerrero García, avala que el Congreso de Guerrero violó la suspensión provisional concedida por la anterior Corte Suprema al Ayuntamiento de Acapulco, el 25 de junio del año pasado, contra la auditoría estatal.

Ello, debido a la controversia constitucional tramitada por el departamento legal del municipio, en la que argumenta que ni el Congreso de Guerrero, ni la Auditoría Superior del Estado tienen facultades para fiscalizarlos en torno a la administración de recursos federales.

La suspensión provisional concedida al Ayuntamiento de Acapulco prohíbe a la ASE continuar con la fiscalización y ejecutar actos derivados de la misma.

Sin embargo, la SCJN aún no determina si en su controversia, los argumentos de la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, son válidos, y la ASE no tiene los tributos legales para fiscalizarle fondos federales, como pretende el órgano fiscalizador del Congreso de Guerrero.

En enero de este año, la Corte calificó como infundado el reclamo que la ASE hizo, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 174/2025 28 Federal15 debido a que “el Poder Legislativo no demuestra cuáles disposiciones le brindan esa facultad de revisar fondos federales, sino que se reduce a citar los artículos 115, fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal, 61, fracción XIII y 62, fracción IX de la Constitución local. 57.”.

 Y analiza, “Sin el afán de profundizar, sino simplemente de manera superficial se menciona que el artículo 115, fracción IV, inciso c) de la Constitución RECURSO DE RECLAMACIÓN 41/2025-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 174/2025 28 Federal15 que cita el Poder Legislativo recurrente señala que las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas; sin que se indique que lo podrán hacer respecto de aportaciones federales o fondos federales. Tampoco las normas locales que cita le dan siquiera facultades para fiscalizar recursos federales”.

El pasado 10 de marzo, al darse a conocer la nueva resolución de la SCJN que vuelve a dejar el caso en el punto cero, pues no se ha resuelto la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Acapulco, la alcaldesa, Abelina López emitió un comunicado en el que explica que la suspensión concedida a favor del Ayuntamiento y ratificada por la nueva SCJN deja sin efectos cualquier actuación posterior al otorgamiento de la suspensión “y no se determina responsabilidad para la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, lo que demuestra que los actos posteriores carecieron de validez jurídica”.

“La Corte enfatiza que con su determinación se busca proteger el estado de derecho y el respeto a sus decisiones en el ámbito jurisdiccional, confirma la validez de la suspensión provisional y reconoce la correcta actuación del Ayuntamiento en la defensa de la legalidad de sus procedimientos”.

Al otro día, en entrevista colectiva, la alcaldesa declaró que “nadie está por encima de la ley”, al referirse a la resolución de la SCJN a favor del municipio, luego de que el Ayuntamiento presentara una queja porque “la Auditoría estatal notificó un acuerdo de presunta responsabilidad administrativa pese a la existencia de una suspensión provisional concedida por el máximo tribunal del país”.

Abelina López Rodríguez reiteró que la Constitución establece que la fiscalización de los recursos federales corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y rechazó las versiones que la acusan de un presunto desvío de dinero público (898 millones de pesos).

“La narrativa del desvío fue falsa. Nunca ha existido tal situación”, declaró ante los medios y repitió que “las cuentas sobre recursos federales se rinden ante la autoridad federal competente”, y no ante las estatales.

Al final, advirtió que el actuar de la ASE dejó consecuencias jurídicas y morales: “Hay un daño moral”, lamentó, sin aclarar si considera la opción de recurrir a los tribunales, ante tal afirmación.