*La iniciativa propone establecer parámetros claros que permitan a las autoridades prevenir, atender y sancionar este tipo de violencia: Claudia Sierra Pérez
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 17 de marzo de 2026.– La diputada Claudia Sierra Pérez
(Morena) presentó una iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Guerrero, con el propósito de incorporar y reconocer la
violencia contra la libertad reproductiva como una modalidad específica de
violencia de género.
De esa forma, dijo se fortaleces la protección de los
derechos de las mujeres y se garantiza su autonomía para decidir libremente
sobre su cuerpo y su función reproductiva.
Al exponer la propuesta ayer, la legisladora señaló que la
igualdad sustantiva no puede alcanzarse plenamente sin el reconocimiento
efectivo del derecho de las mujeres a decidir de manera libre, informada y
responsable sobre el número y espaciamiento de sus hijos, el acceso a métodos
anticonceptivos o a servicios de reproducción asistida, así como el ejercicio
de una maternidad segura cuando así lo determinen.
La iniciativa plantea definir la violencia contra la libertad
reproductiva como toda acción u omisión que limite o impida a las mujeres
decidir libremente sobre su función reproductiva. Esto incluye prácticas como
la imposición de métodos anticonceptivos, la esterilización sin consentimiento
informado, la negación injustificada de servicios de salud sexual y
reproductiva o la obstaculización del acceso a procesos de inseminación
artificial.
Asimismo, propone establecer parámetros claros que permitan a
las autoridades prevenir, atender y sancionar este tipo de violencia, además de
fortalecer la capacitación del personal de salud y de las instituciones
encargadas de atender a las víctimas, con perspectiva de género y respeto a los
derechos humanos.
Claudia Sierra destacó que reconocer jurídicamente esta
modalidad de violencia permitirá visibilizar una problemática que afecta a
numerosas mujeres, especialmente a quienes viven en condiciones de pobreza, en
zonas rurales o pertenecen a comunidades indígenas, donde las barreras para
acceder a información y servicios de salud suelen ser mayores.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes.
