*Pese a que la ley los obliga a procedimientos de participación ciudadana, en la práctica se limitan a actos simbólicos que impiden la incidencia social: Julián Galeana
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 22 de marzo de 2026.– El Pleno de la LXIV Legislatura
exhortó el martes pasado a los ayuntamientos de los 84 municipios de Guerrero y
al Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres para que, a través de sus
autoridades competentes, realicen y garanticen de manera periódica audiencias
públicas con sus gobernados, con la finalidad de fortalecer la democracia y la
participación ciudadana, así como impulsar el desarrollo y el bienestar de la
comunidad.
La propuesta fue presentada en su momento por el diputado
Julián López Galeana (MC) y dictaminada por las Comisiones Unidas de Asuntos
Políticos y Gobernación, y de Participación Ciudadana.
En el dictamen se señala que la audiencia pública es un
mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las autoridades convocan
a la población para escuchar sus opiniones, propuestas, inquietudes o
inconformidades sobre asuntos de interés común, al constituirse como un espacio
de diálogo abierto y directo entre el gobierno y la ciudadanía.
Sin embargo, a pesar de que la ley establece la obligación de
incorporar mecanismos de participación ciudadana, en la práctica estos derechos
muchas veces no se implementan de manera efectiva, limitándose a procedimientos
formales o simbólicos que no permiten una verdadera incidencia social.
Esta brecha entre el marco legal y su aplicación evidencia la
necesidad de fortalecer los instrumentos de participación ciudadana en todos
los niveles de gobierno, especialmente en los ayuntamientos, garantizando que
las audiencias públicas se conviertan en espacios realmente funcionales,
accesibles e inclusivos.
Esto consolida las audiencias públicas como un mecanismo
fundamental para que la población participe de manera activa en los procesos de
gobierno y se fortalezca la legitimidad de las decisiones públicas y políticas.
Por ello, lo aprobado por el Congreso tiene como objetivo
impulsar la realización de audiencias públicas, precisando que esta propuesta
no invade la esfera de competencias de los ayuntamientos, toda vez que se trata
de un derecho positivo previsto en la normativa vigente, cuyo impulso
únicamente garantiza el principio de legalidad que debe regir dicho derecho.
