*Parques, jardines y áreas verdes poseen una enorme plusvalía ambiental, social y urbana: Violeta Martínez Pacheco
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 13 de marzo de 2026. – Las Comisiones Unidas de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, y de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso del
Estado analizan un exhorto dirigido a las autoridades municipales para que
expidan su Reglamento de Parques y Jardines, con el propósito de generar orden
y fomentar actividades familiares, físicas, culturales, sociales y deportivas,
así como promover el uso, cuidado y respeto del entorno ambiental en la
entidad.
La propuesta, presentada ayer por la diputada Violeta
Martínez Pacheco, destaca que los parques, jardines y áreas verdes no solo
representan un valor estético para las ciudades, sino que poseen una enorme
plusvalía ambiental, social y urbana. Subrayó que estos espacios se han convertido
en verdaderos pulmones urbanos y puntos de encuentro comunitario, recreación,
deporte, esparcimiento, convivencia familiar y desarrollo cultural.
La legisladora puntualizó que las autoridades municipales
tienen el deber permanente de brindar mejores condiciones de vida a la
población, trabajando para que sus demarcaciones progresen mediante
corresponsabilidad institucional, organización administrativa y eficiencia
normativa, lo que permita un uso más ordenado, sustentable y seguro de los
parques y jardines públicos.
“Con la finalidad de fortalecer a los municipios, resulta
necesario que cuenten con reglamentos modernos y actualizados, capaces de
satisfacer las necesidades de su población, garantizar el uso sustentable de
los parques, jardines y áreas públicas, y siempre con pleno respeto a los
derechos humanos”, expresó.
Por ello, propone que cada ayuntamiento, así como el Concejo
Municipal de Ayutla de los Libres, cuenten con su respectivo Reglamento
Municipal de Parques y Jardines, atendiendo la realidad social, la dinámica
urbana y las características particulares de cada municipio. Esto implica
establecer definiciones claras y precisar las facultades de cada autoridad,
garantizando certeza jurídica tanto para las instituciones como para la
ciudadanía.
