*La persona generadora de violencia también requiere intervención educativa y psicosocial para evitar la reincidencia: Pánfilo Sánchez Almazán
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 01 de marzo de 2026. — La Comisión de Educación, Ciencia y
Tecnología del Congreso del Estado analiza una iniciativa de reformas y
adiciones a la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en
Entorno Escolar del Estado, con el propósito de fortalecer el marco jurídico y
prevenir, atender y erradicar la violencia en los centros educativos.
La propuesta hecha por el diputado Pánfilo Sánchez Almazán incorpora
mecanismos de coordinación interinstitucional, protocolos de actuación
inmediata, medidas de protección eficaces y procedimientos claros que
garanticen el interés superior de la niñez.
El legislador morenista presentó dicha iniciativa bajo el argumento
de que la violencia en el entorno escolar es uno de los desafíos más relevantes
para los sistemas educativos contemporáneos, pues incide directamente en el
desarrollo cognitivo, emocional y social de la niñez.
Señaló que no se trata únicamente de conflictos entre pares
propios de la convivencia cotidiana, sino de conductas sistemáticas de
agresión, intimidación, exclusión, discriminación o abuso de poder que generan
afectaciones profundas y prolongadas en la personalidad, autoestima y
trayectoria educativa.
Sánchez Almazán agregó que el derecho de la niñez a
desarrollarse en ambientes sanos y seguros encuentra sustento en el marco
jurídico internacional de los derechos humanos y en diversos tratados
internacionales.
Sin embargo, expuso que en Guerrero la violencia escolar
presenta características particulares vinculadas al contexto comunitario. La
coexistencia de problemáticas sociales como desigualdad, violencia comunitaria,
desintegración familiar, migración y uso intensivo de redes sociales influye en
la reproducción de conductas agresivas dentro y fuera de los planteles
educativos.
Por ello, el diputado local propone fortalecer la
coordinación interinstitucional, establecer protocolos obligatorios de
actuación inmediata, garantizar medidas de protección eficaces para las
víctimas, incorporar mecanismos de denuncia seguros, generar registros
estadísticos confiables y promover la cultura de paz.
Asimismo, se reconoce que la persona generadora de violencia
también requiere intervención educativa y psicosocial para evitar la
reincidencia, privilegiando enfoques restaurativos sobre medidas exclusivamente
punitivas.
Además, se incorpora la participación comunitaria y municipal, reconociendo que la prevención no puede limitarse al interior de la escuela. La recuperación de espacios públicos, la mediación comunitaria, la participación de madres y padres de familia y la promoción del liderazgo juvenil resultan fundamentales para modificar patrones culturales que normalizan la violencia. De igual forma, se destaca la importancia de los organismos de derechos humanos en la supervisión, investigación y emisión de recomendaciones que garanticen la protección efectiva de la niñez.
