/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 23 de marzo de 2026.– El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza
presentó una iniciativa para adicionar los artículos 13 Bis y 13 Ter a la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con el fin de
garantizar la devolución gratuita, ágil y en plazos definidos de los bienes
asegurados a víctimas de delitos, evitando su revictimización económica y
asegurando la restitución oportuna de su patrimonio y herramientas de trabajo,
en apego a estándares de derechos humanos.
En tribuna, explicó que la propuesta establece un plazo
máximo de 30 días para la devolución de bienes una vez que dejen de ser
necesarios para la investigación, sin costo alguno para las víctimas. Esto
incluye la cancelación de gravámenes y la eliminación de cobros por depósito o
resguardo. Asimismo, prohíbe la retención prolongada y elimina requisitos como
fianzas, con el propósito de garantizar una atención digna y fortalecer la
protección de los derechos de las víctimas en Guerrero.
Agregó que esta reforma responde a una problemática
recurrente: víctimas —particularmente propietarias de vehículos asegurados—
enfrentan largos periodos de espera y altos costos de resguardo, lo que genera
afectaciones económicas, sociales y psicológicas que agravan su condición de
vulnerabilidad. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia.
Protocolo contra el hostigamiento y el acoso sexual
El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza también presentó una
iniciativa para expedir el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el
Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual al interior del Congreso del Estado de
Guerrero, con el objetivo de establecer mecanismos institucionales claros para
la prevención, atención, investigación y sanción de estas conductas.
El legislador señaló que, de acuerdo con encuestas
nacionales, un número significativo de mujeres ha enfrentado violencia en el
ámbito laboral, incluyendo hostigamiento y acoso sexual, lo que vulnera la
dignidad e integridad de las personas y evidencia la necesidad de fortalecer
los mecanismos de protección dentro de las instituciones públicas.
Destacó que el Congreso local debe garantizar un entorno
laboral seguro y libre de violencia, por lo que se propone un instrumento
integral que regule la prevención y atención de estos casos mediante
procedimientos claros, confidenciales y con perspectiva de género, así como
mecanismos de denuncia accesibles en modalidades presenciales, digitales y
anónimas.
La iniciativa contempla la creación de un comité
especializado, una unidad de acompañamiento para brindar apoyo a las víctimas y
el fortalecimiento de las atribuciones del Órgano Interno de Control para
investigar y sancionar estas conductas. Fue turnada a la Comisión para la
Igualdad de Género para su análisis.
