*Facultarían al Congreso para citar a comparecer a las
autoridades estatales que no respondan, a fin de que expliquen los motivos de
su incumplimiento: Jorge Iván Ortega/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 11 de abril de 2026.— El diputado Jorge Iván Ortega
Jiménez presentó ayer una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231, con el
propósito de establecer mecanismos claros de seguimiento, plazos y obligaciones
de respuesta a los exhortos aprobados por el Pleno, así como medidas ante su
incumplimiento, a fin de garantizar su eficacia.
En tribuna, el legislador explicó que la reforma propone
incorporar los artículos 314 Bis, 314 Ter, 314 Quater y 314 Quinquies, en los
que se establecen procedimientos de seguimiento a los puntos de acuerdo que
contienen exhortos dirigidos a autoridades de los tres niveles de gobierno.
Estas deberán ser notificadas en un plazo máximo de tres días hábiles
posteriores a su aprobación, con el objetivo de asegurar que tengan
conocimiento oportuno de los llamados emitidos por el Congreso y evitar que
pierdan vigencia o impacto social.
Asimismo, se plantea que las autoridades exhortadas cuenten
con un plazo de hasta cinco días hábiles para informar al Congreso el sentido
de su respuesta, ya sea de aceptación o rechazo, con el fin de fortalecer la
rendición de cuentas, evitar la discrecionalidad y garantizar que la Mesa
Directiva, las comisiones dictaminadoras y la diputada o diputado promovente
tengan conocimiento puntual de las respuestas.
Ortega Jiménez señaló que, en caso de omisión por parte de la
autoridad exhortada, se presumirá la aceptación del exhorto, lo que permitirá
evitar la inacción institucional. Además, se faculta al Congreso para citar a
comparecer a las autoridades estatales que no respondan, a fin de que expliquen
los motivos de su incumplimiento, fortaleciendo así la transparencia y la
responsabilidad pública.
Agregó que, en caso de rechazo del exhorto, el autor de la
propuesta o la comisión dictaminadora podrán intervenir en tribuna para exponer
las implicaciones sociales de dicha decisión, reforzando el debate democrático
y la función representativa del Congreso, en beneficio de una mayor vinculación
entre las decisiones legislativas y las demandas ciudadanas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.
