*La diputada Marisol Bazán señaló que la finalidad del
exhorto es garantizar que las autoridades actúen con perspectiva de género, de
infancia y de derechos humanosLa Redacción/
Chilpancingo, Guerrero, a 18 de julio de 2026. - Por unanimidad, el Congreso del
Estado de Guerrero aprobó un Punto de Acuerdo Parlamentario promovido por la
diputada Marisol Bazán Fernández para exhortar a la Fiscalía General del Estado
(FGE) a fortalecer la protección institucional de una menor de edad, presunta
víctima del delito de violación agravada en el municipio de Coyuca de Benítez.
El exhorto plantea que la Fiscalía analice si es procedente
revisar las medidas cautelares impuestas al imputado, con el propósito de
determinar si resultan suficientes frente a la gravedad del caso, además de
reforzar las medidas de protección otorgadas a la víctima durante el desarrollo
del proceso penal.
Como parte del acuerdo, también se solicita a la FGE informar
al Congreso del Estado sobre las acciones realizadas en la investigación y en
la atención integral del caso, con el objetivo de verificar que se cumplan las
obligaciones en materia de protección de los derechos de la menor.
Al presentar la propuesta, la diputada Marisol Bazán señaló
que la finalidad del exhorto es garantizar que las autoridades actúen con
perspectiva de género, de infancia y de derechos humanos, colocando en el
centro de sus decisiones el interés superior de la niñez y la protección de la
víctima.
La legisladora destacó que el Estado tiene la responsabilidad
de brindar condiciones que permitan a niñas y adolescentes acceder a la
justicia de manera efectiva, evitando cualquier situación que pueda poner en
riesgo su integridad física, emocional o psicológica mientras se desarrolla la
investigación.
El punto de acuerdo se sustenta en los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la legislación estatal en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, que obligan a las instituciones a garantizar la seguridad, protección y acceso a la justicia de las víctimas.
