*En 2005 Lydia Cacho denunció una red de explotación sexual
infantil en México vinculada a empresarios y funcionarios públicosCimac Noticias
CDMX, a 29 de julio de 2026.- Versiones periodísticas aseguraron
que un Tribunal Federal le concedió un amparo para modificar su medida cautelar,
pero la periodista Lydia Cacho aclaró que el proceso penal sigue vigente y
Marín permanece en el Cefereso "Altiplano".
¿Qué ocurrió en el caso Lydia Cacho?
El caso se remonta a 2005, cuando Lydia Cacho publicó el
libro Los demonios del Edén, una investigación periodística que documentó una
red de explotación sexual de niñas y niños en México y señaló vínculos entre
empresarios y funcionarios públicos.
Tras la publicación, el empresario textilero Kamel Nacif
denunció a la periodista por los delitos de difamación y calumnia. Aunque la
denuncia fue presentada en Puebla, Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana
Roo, por policías poblanos.
La periodista fue trasladada por carretera durante más de 20
horas desde Cancún hasta Puebla, un recorrido en el que denunció haber sido
víctima de amenazas, intimidaciones y actos de tortura psicológica.
Posteriormente, se difundieron grabaciones telefónicas
atribuidas a Mario Marín y Kamel Nacif, en las que ambos conversaban sobre la
detención de la periodista. A raíz de esas conversaciones, el entonces
gobernador fue conocido públicamente como «el góber precioso».
¿Por qué se acusa a Mario Marín?
Durante años, organizaciones nacionales e internacionales de
derechos humanos denunciaron que la detención de Lydia Cacho constituyó un acto
de represalia por su trabajo periodístico y una forma de censura.
Después de una larga batalla legal, la Fiscalía General de la
República obtuvo una orden de aprehensión contra Mario Marín por su presunta
responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista.
En febrero de 2021, el exgobernador fue detenido en Acapulco,
Guerrero, y desde entonces enfrenta un proceso penal por este delito.
La acusación sostiene que la detención y el traslado de Lydia
Cacho fueron utilizados para castigarla por sus investigaciones sobre
explotación sexual infantil y redes de poder.
Un caso emblemático para la libertad de expresión
El caso Lydia Cacho es considerado uno de los precedentes más
importantes sobre violencia contra periodistas en México, al evidenciar el uso
de instituciones públicas para perseguir y castigar el ejercicio del periodismo
de investigación.
También se convirtió en un referente sobre la obligación del
Estado de investigar la tortura, garantizar la libertad de expresión y proteger
a quienes denuncian violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dado seguimiento al caso,
señalándolo como un ejemplo de los riesgos que enfrentan periodistas y personas
defensoras de derechos humanos cuando investigan redes de corrupción y
violencia.
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