Políticamente Incorrecto
ROBERTO CAMPS /
La detención de Ángel Aguirre Rivero por las investigaciones
del caso Ayotzinapa abre una nueva y delicada etapa en un expediente que, a
casi doce años de los hechos de Iguala, sigue acumulando preguntas, versiones
encontradas y heridas abiertas. Precisamente por la dimensión del caso,
cualquier valoración debe comenzar reconociendo una realidad: estamos frente a
una actuación ministerial en curso y conocemos solamente una parte de los
elementos que tiene en sus manos la Fiscalía General de la República.
La secrecía propia de una investigación y la obligación de
preservar el debido proceso impiden, por ahora, conocer el expediente completo.
Por eso sería irresponsable asegurar anticipadamente la culpabilidad o
inocencia del exgobernador. Pero la prudencia jurídica tampoco cancela el
derecho a formular preguntas sobre la consistencia de lo que públicamente ha
planteado la autoridad.
Hay, de entrada, un elemento que llama poderosamente la
atención: la rapidez con la que Aguirre Rivero fue trasladado al penal federal
del Altiplano. El tratamiento reservado para una detención de esta naturaleza
inevitablemente proyecta ante la opinión pública una imagen de enorme gravedad
antes de que un tribunal determine su responsabilidad. La justicia debe ser
firme cuando existen pruebas, pero también proporcional y especialmente
cuidadosa cuando está en juego la presunción de inocencia.
El punto central de la acusación conocida hasta ahora se
encuentra en los videos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala
correspondientes a la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La FGR sostiene que Aguirre habría ordenado su desaparición y ha planteado
públicamente una motivación particularmente grave: que habrían sido eliminados
para evitar que esos registros pudieran incriminarlo.
Es justamente ahí donde la Fiscalía tendrá que ser
especialmente sólida.
Y surgen preguntas: ¿ Qué caso tenía ordenar destruir unos
videos, cuando, por el contrario, investigabas previamente a los Guerreros
Unidos, cuando entregó previamente información al Gobierno Federal y cuando
ocurrieron los hechos efectuó detenciones y consignaciones hasta la fecha
vigentes?
Una cosa es acreditar que alguien ordenó desaparecer
determinadas grabaciones y otra, distinta y mucho más compleja, demostrar por
qué lo hizo. Si la hipótesis ministerial sostiene que Aguirre buscaba evitar
ser incriminado, tendrá que explicar cuál era concretamente el contenido que
podía comprometerlo, qué vínculo tendría ese material con el entonces
gobernador y cuáles son las evidencias que permiten establecer esa motivación.
De lo contrario, existe el riesgo de que una hipótesis sea
presentada públicamente como una conclusión antes de ser acreditada
judicialmente.
Se sabe que existen testimonios que formarían parte de la
investigación. Pero incluso declaraciones incriminatorias deben ser
contrastadas con otros elementos probatorios. La responsabilidad penal no
debería construirse únicamente sobre el peso mediático de un señalamiento, sino
sobre evidencia capaz de resistir el escrutinio de un juez y de la defensa.
Y surge otra pregunta: ¿qué contenían realmente esos videos?
Si las dos grabaciones no tenían audio, ¿qué imágenes
registraron? ¿Qué podrían demostrar respecto de los estudiantes desaparecidos?
¿Permitían identificar personas, vehículos, corporaciones o movimientos
relacionados directamente con los acontecimientos? ¿Cuál era su verdadera
relevancia dentro de la secuencia criminal de aquella noche?. ¿de verdad
pudieron reorientar la investigación?, ¿o decir eso sólo es un pretexto para
proceder con toda la dureza?
Estas preguntas adquieren mayor importancia porque sobre los
acontecimientos registrados en las inmediaciones del Palacio de Justicia ya
existieron investigaciones y reconstrucciones previas. La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos realizó trabajos sobre la mecánica de los hechos a partir
de testimonios y otros elementos. Si la nueva investigación de la FGR modifica,
contradice o supera aquellas conclusiones, tendría que explicar por qué.
Una reinvestigación seria debe confrontar los antecedentes,
señalar sus deficiencias y demostrar por qué la nueva hipótesis resulta más
consistente.
Ángel Aguirre, además, ha comparecido anteriormente ante las
autoridades.
Inevitablemente aparece también el componente político.
El momento de la detención alimenta interpretaciones y
sospechas. El propio Aguirre había realizado recientemente declaraciones sobre
la compleja relación entre autoridades y grupos criminales en Guerrero.
Vincular automáticamente ambas circunstancias sería especulativo y no existen
elementos públicos suficientes para establecer una relación causal. Pero
precisamente por ese contexto la FGR tiene una responsabilidad adicional:
impedir que cualquier sombra de utilización política se instale sobre el expediente.
La fiscal Ernestina Godoy tiene frente a sí una oportunidad y
una enorme responsabilidad. La investigación debe dejar constancia de
profesionalismo, imparcialidad y transparencia dentro de los límites permitidos
por la ley. Tiene que quedar claro que el objetivo es conocer la verdad sobre
Ayotzinapa y procurar justicia, no fabricar culpables, producir escándalos
mediáticos ni administrar castigos políticos.
Porque existe un riesgo institucional evidente: si después
del enorme impacto provocado por la detención la acusación no logra sostenerse
ante los tribunales, el daño no recaería solamente sobre Ángel Aguirre. También
golpearía la credibilidad de una investigación que México necesita que sea
seria, definitiva y capaz de acercarse finalmente a la verdad.
Y tampoco sería responsable anticipar ese desenlace.
La pregunta verdaderamente importante no es si alguien confía
o desconfía de Ángel Aguirre.
La pregunta es si la Fiscalía General de la República puede
probar lo que afirma.
Ayotzinapa es demasiado grave para resolverlo mediante
conjeturas. También es demasiado grave para convertir a cualquier persona en
culpable antes de que las pruebas hablen.
Después de casi doce años, las madres y los padres de los 43,
Guerrero y el país no necesitan otra verdad construida desde el poder.
Acapulco, 8 de agosto
de 2026
