*La CNDH plantea revisar nombres de vías, escuelas y
monumentos que rinden tributo a personas señaladas de violaciones graves a los
derechos humanos: Marisol BazánLa Redacción/
Chilpancingo; Guerrero, a 31 de agosto de 2026.- La diputada Marisol Bazán Fernández
propuso ayer un exhorto a los 84 Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Ayutla
de los Libres para que remitan un informe sobre el estado que guarda la
nomenclatura de sus vías y espacios públicos, incluyendo el listado oficial de
las denominaciones correspondientes a personas físicas o personajes públicos,
mismo que fue remitido a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para
su análisis y dictaminación.
La legisladora integrante del Grupo Parlamentario de Morena
expuso que su propuesta tiene como objetivo transparentar los criterios
normativos y poner fin a la práctica de utilizar el espacio público para
perpetuar los nombres de quienes han ocupado cargos de poder.
Y es que, refirió, la denominación del espacio urbano no es
un asunto menor ni puramente administrativo, sino una decisión simbólica y
política que determina qué nombres deben permanecer en la memoria colectiva de
la ciudadanía.
“Cuando el nombre de una persona se incorpora a una calle,
avenida o plaza pública, quiere decir que el Estado está otorgando un
reconocimiento con una dimensión simbólica y una consecuencia práctica; por eso
debe existir una razón pública y, sobre todo, la posibilidad de conocerla”,
argumentó.
Al respecto, la diputada señaló que es necesario atender lo
establecido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su
Recomendación 98VG/2023, que plantea la necesidad de revisar los nombres de
vías, escuelas y monumentos que rinden tributo a personas señaladas como
presuntas perpetradoras de violaciones graves a los derechos humanos durante
periodos de violencia política en la entidad.
Por lo anterior, Bazán Fernández solicita que las autoridades
municipales entreguen, en un plazo de 30 días, un listado detallado de las
vías, colonias y plazas públicas que lleven el nombre de personas físicas o
personajes públicos, así como los expedientes, instrumentos legales y actas que
acrediten qué autoridad y bajo qué fundamentos se otorgaron dichas
denominaciones.
También pide que informen sobre el estado actual de su
reglamentación en materia de nomenclatura, y precisar si consideran necesaria
su expedición, actualización o armonización, con el fin de que el Poder
Legislativo cuente con un diagnóstico estatal objetivo para evaluar posibles
reformas al marco legal en la materia.
