*La asignación de remuneraciones, jubilaciones, pensiones,
préstamos o liquidaciones sin sustento normativo se consideran como “desviación
de recursos públicos”La Redacción/
Chilpancingo; Guerrero, a 27 de septiembre de 2026.- Para evitar el uso injustificado de personal
de seguridad pública, pagos irregulares de remuneraciones o prestaciones,
contrataciones por intereses de negocios, simulación de actos jurídicos y el
incumplimiento de normas sobre fideicomisos, la diputada Erika Lorena Lührs
Cortés presentó una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones
de la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero en
materia de armonización de faltas administrativas graves.
Al fundamentar su propuesta desde tribuna, la legisladora por
Movimiento Ciudadano explicó que la iniciativa busca homologar la legislación
estatal con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en apego al
criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que los
Congresos locales deben replicar y adaptar el catálogo de faltas graves sin
contradecir la normatividad federal, evitando vacíos legales e incertidumbre
jurídica para las autoridades investigadoras y sancionadoras.
En materia de “cohecho”, la iniciativa plantea sancionar
expresamente la omisión de devolver -en un plazo de 30 días naturales- los
pagos recibidos en exceso; y en cuanto al “peculado” se precisa la prohibición
formal de utilizar a personal de corporaciones policiacas, de seguridad pública
o de las Fuerzas Armadas para escolta personal sin justificación legal.
Respecto a la “desviación de recursos públicos”, se
contemplan supuestos sobre la asignación de remuneraciones, jubilaciones,
pensiones, préstamos o liquidaciones sin sustento normativo; mientras que en el
rubro de “abuso de funciones” se busca vincular las sanciones con conductas de
violencia política en razón de género.
Lührs Cortés destacó la incorporación de la “simulación de un
acto jurídico” como falta administrativa grave, cuando se utilicen terceras
personas o identidades jurídicas para desviar recursos públicos en beneficio
propio o de familiares hasta el cuarto grado, así como sanciones a la
contratación indebida motivada por intereses de negocios y violaciones
normativas en la operación de fideicomisos públicos.
“Contar con tipos administrativos claros no sólo brinda
certeza legal a la función pública, sino que consolida la transparencia y la
confianza en las instituciones del Estado”, apuntó.
Dicha propuesta fue turnada a la Comisión de Comisión de
Justicia para su análisis y emisión del dictamen.
