*Las víctimas presenten afectaciones emocionales, como
soledad, insomnio y hasta hechos suicidas: Marco Tulio Sánchez AlarcónLa Redacción/
Chilpancingo; Guerrero, a 18 de septiembre de 2026.- Para reforzar las acciones contra la
violencia escolar, fortaleciendo a su vez la formación en derechos humanos
entre niñas, niños y adolescentes, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón
presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Número 1256 para la
Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del
Estado.
Al exponer los motivos de su propuesta, el legislador por
Morena externó que la violencia y el acoso escolar vulneran derechos
fundamentales y afectan el bienestar, la autoestima, el rendimiento académico y
la permanencia de las y los estudiantes en las escuelas.
En ese tenor, informó que acuerdo con datos de la UNESCO, uno
de cada tres estudiantes en el mundo ha reportado agresiones físicas al menos
una vez durante el año, mientras que uno de cada tres es afectado por acoso
cada mes, y uno de cada diez niños enfrenta ciberacoso.
Todas estas situaciones, subrayó, conllevan a que las
víctimas presenten afectaciones emocionales, como soledad, insomnio y hasta
hechos suicidas, lo que confirman los datos de la Encuesta Nacional sobre
Discriminación (Enadis) 2022 del Inegi, que reportó que el 28 por ciento de las
personas de 12 a 17 años que asistían a la escuela habían sido víctimas de
acoso escolar.
Por lo anterior, el diputado propuso incorporar al artículo 2
del citado ordenamiento el concepto de “Protocolo de Actuación”, entendido como
los lineamientos, procedimientos y acciones que deberán seguirse ante una
situación de violencia dentro de las escuelas, que permita prevenir, atender,
intervenir y canalizar de manera eficaz y coordinada a las víctimas.
De la misma forma, la iniciativa plantea añadir el artículo
21 Bis, para establecer responsabilidades de la comunidad escolar, a través de
las direcciones de los planteles, con la participación de madres, padres de
familia y tutores, quienes podrán proponer, difundir y revisar cada seis meses
sus protocolos de actuación, canalizar los casos que requieran intervención de
las autoridades y desarrollar periódicamente actividades para fortalecer la
convivencia libre de violencia.
El documento fue turnado a la Comisión de Educación, Ciencia
y Tecnología para su análisis y dictaminación.
