La Redacción/
Chilpancingo, Gro., 19 de octubre de 2026.- Para prohibir que los prestadores de
servicios funerarios retengan, oculten, alteren, retrasen o condicionen la
entrega del Certificado de Defunción como garantía de pago o mecanismo de
presión hacia las familias que atraviesan por la pérdida de un ser querido, la
diputada Violeta Martínez Pacheco presentó una iniciativa de adiciones a la Ley
Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero.
Al exponer los motivos de su propuesta, la diputada por
Morena indicó que el Certificado de Defunción es un documento sanitario
indispensable para acreditar legalmente el fallecimiento y continuar con
diversos procedimientos ante el Registro Civil, así como para realizar trámites
relacionados con sucesiones, pensiones, seguros, prestaciones laborales y otros
derechos y obligaciones derivados de la muerte de una persona.
Ante ello, la legisladora plantea plasmar en la Ley de Salud
estatal que cuando el certificado o la representación impresa de su versión
electrónica se encuentren legítimamente en poder de una funeraria, crematorio,
agencia de servicios exequiales o prestador de servicios funerarios, deberá
ponerse a disposición de los familiares o personas legalmente facultadas sin
dilación injustificada.
Abundó que la reforma establece obligaciones específicas para
los establecimientos funerarios respecto del resguardo y entrega de este
documento, con el propósito de protegerlo frente a prácticas de retención,
ocultamiento, alteración o retraso injustificado, y que la autoridad sanitaria
cuente con mecanismos accesibles y permanentes para recibir y atender de manera
prioritaria las denuncias relacionadas con estas conductas.
“Debemos legislar para brindar mayor certeza, protección y
justicia para quienes enfrentan el duelo, estableciendo reglas claras que
permitan a las familias continuar oportunamente con los procedimientos legales
y patrimoniales derivados del fallecimiento, mientras que las obligaciones
contractuales de los servicios funerarios permanecen sujetas a las vías legales
correspondientes”.
Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Salud para sus respectivos análisis y emisión del dictamen.
