MOISÉS TORRES SALMERÓN/
Detrás de cada autobús hay una historia de derechos humanos
vulnerados. Niñas y niños que interrumpen su educación para incorporarse al
trabajo agrícola; mujeres expuestas a jornadas extenuantes, discriminación y
violencia; hombres que laboran sin contratos, seguridad social ni condiciones
dignas. Familias enteras que abandonan sus hogares porque la sequía destruyó
sus cosechas de maíz y frijol y porque el Estado no ha garantizado las
condiciones mínimas para vivir con dignidad en sus propias comunidades.
No estamos ante una emergencia coyuntural. La migración
jornalera de los pueblos mixtecos, tlapanecos, nahuas y amuzgos tiene raíces
históricas que se remontan a la segunda mitad del siglo XX. Durante décadas, su
fuerza de trabajo ha sostenido buena parte de la producción agrícola nacional,
mientras sus comunidades permanecen atrapadas en la pobreza, la marginación y
el rezago institucional.
La contradicción es profundamente injusta: quienes
contribuyen a alimentar al país no tienen garantizado el derecho a la
alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo digno ni a una vivienda
adecuada. La migración se convierte así en la respuesta desesperada ante la
negación sistemática de derechos fundamentales.
El problema no puede reducirse a la falta de apoyos
económicos. Es una responsabilidad constitucional del Estado, en sus tres
órdenes de gobierno, garantizar los derechos humanos de estas comunidades,
particularmente de los pueblos y comunidades indígenas, conforme a los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad
establecidos en el artículo 1.º de la Constitución. También debe respetarse su
derecho a la libre determinación y promoverse su desarrollo integral, sin discriminación
ni exclusión.
La realidad, sin embargo, contradice el mandato
constitucional. Las instituciones encargadas de atender a los jornaleros
agrícolas migrantes carecen de coordinación y eficacia; los programas públicos
resultan insuficientes y las comunidades siguen sin alternativas productivas
sostenibles. Una carretera artesanal, por más necesaria que sea, no sustituye
el acceso a servicios de salud, educación, agua, infraestructura ni
oportunidades de empleo.
A esta deuda histórica se suma la explotación laboral. Los
llamados enganchadores reclutan familias que, al llegar a los campos agrícolas,
enfrentan condiciones de hacinamiento, jornadas abusivas, salarios precarios y
ausencia de protección social. La situación de niñas y niños es todavía más
grave: su incorporación al trabajo agrícola vulnera su derecho a la educación,
a la salud, al desarrollo integral y a una infancia libre de explotación.
Por eso, no basta con entregar despensas cuando llega la
emergencia ni con organizar ceremonias para anunciar programas. Se necesita una
política pública integral, con presupuesto suficiente, inspección laboral
efectiva, protección especial para mujeres y menores de edad, acceso a la
justicia, seguridad social y alternativas de desarrollo rural que permitan a
las familias permanecer en sus comunidades sin condenarlas a la pobreza.
La pregunta que debemos hacernos no es por qué las familias
de la Montaña se van, sino por qué el Estado ha permitido que marcharse sea,
para miles de ellas, la única posibilidad de sobrevivir.
Mientras cada temporada los autobuses sigan llenándose de
familias indígenas, la deuda de las instituciones seguirá creciendo. Porque el
desarrollo no puede medirse únicamente por las cifras de producción agrícola ni
por los discursos de prosperidad, sino por la posibilidad real de que cada
persona viva con dignidad, ejerza sus derechos y tenga oportunidades en el
lugar donde nació.
La Montaña no debería vaciarse para que otros puedan
prosperar. Un Estado que se asume democrático y constitucional no puede
normalizar que sus pueblos indígenas tengan que abandonar su tierra para
encontrar el derecho a vivir.
Chilpancingo, a
16 de noviembre de 2026


