La Montaña que se vacía. El éxodo que el Estado decidió no ver

Redacción
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MOISÉS TORRES SALMERÓN/

Cada noviembre, en el crucero de Ayotzinapa, se repite una escena que debería interpelar la conciencia pública y avergonzar a las instituciones: cientos de familias indígenas de la Montaña abandonan sus domicilios para subir a autobuses rumbo a los campos agrícolas del norte del país. No migran por elección ni por aventura. Lo hacen porque el hambre, la pobreza y la ausencia de oportunidades han convertido la supervivencia en una obligación de desplazarse.

Detrás de cada autobús hay una historia de derechos humanos vulnerados. Niñas y niños que interrumpen su educación para incorporarse al trabajo agrícola; mujeres expuestas a jornadas extenuantes, discriminación y violencia; hombres que laboran sin contratos, seguridad social ni condiciones dignas. Familias enteras que abandonan sus hogares porque la sequía destruyó sus cosechas de maíz y frijol y porque el Estado no ha garantizado las condiciones mínimas para vivir con dignidad en sus propias comunidades.

No estamos ante una emergencia coyuntural. La migración jornalera de los pueblos mixtecos, tlapanecos, nahuas y amuzgos tiene raíces históricas que se remontan a la segunda mitad del siglo XX. Durante décadas, su fuerza de trabajo ha sostenido buena parte de la producción agrícola nacional, mientras sus comunidades permanecen atrapadas en la pobreza, la marginación y el rezago institucional.

La contradicción es profundamente injusta: quienes contribuyen a alimentar al país no tienen garantizado el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo digno ni a una vivienda adecuada. La migración se convierte así en la respuesta desesperada ante la negación sistemática de derechos fundamentales.

El problema no puede reducirse a la falta de apoyos económicos. Es una responsabilidad constitucional del Estado, en sus tres órdenes de gobierno, garantizar los derechos humanos de estas comunidades, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad establecidos en el artículo 1.º de la Constitución. También debe respetarse su derecho a la libre determinación y promoverse su desarrollo integral, sin discriminación ni exclusión.

La realidad, sin embargo, contradice el mandato constitucional. Las instituciones encargadas de atender a los jornaleros agrícolas migrantes carecen de coordinación y eficacia; los programas públicos resultan insuficientes y las comunidades siguen sin alternativas productivas sostenibles. Una carretera artesanal, por más necesaria que sea, no sustituye el acceso a servicios de salud, educación, agua, infraestructura ni oportunidades de empleo.

A esta deuda histórica se suma la explotación laboral. Los llamados enganchadores reclutan familias que, al llegar a los campos agrícolas, enfrentan condiciones de hacinamiento, jornadas abusivas, salarios precarios y ausencia de protección social. La situación de niñas y niños es todavía más grave: su incorporación al trabajo agrícola vulnera su derecho a la educación, a la salud, al desarrollo integral y a una infancia libre de explotación.

Por eso, no basta con entregar despensas cuando llega la emergencia ni con organizar ceremonias para anunciar programas. Se necesita una política pública integral, con presupuesto suficiente, inspección laboral efectiva, protección especial para mujeres y menores de edad, acceso a la justicia, seguridad social y alternativas de desarrollo rural que permitan a las familias permanecer en sus comunidades sin condenarlas a la pobreza.

La pregunta que debemos hacernos no es por qué las familias de la Montaña se van, sino por qué el Estado ha permitido que marcharse sea, para miles de ellas, la única posibilidad de sobrevivir.

Mientras cada temporada los autobuses sigan llenándose de familias indígenas, la deuda de las instituciones seguirá creciendo. Porque el desarrollo no puede medirse únicamente por las cifras de producción agrícola ni por los discursos de prosperidad, sino por la posibilidad real de que cada persona viva con dignidad, ejerza sus derechos y tenga oportunidades en el lugar donde nació.

La Montaña no debería vaciarse para que otros puedan prosperar. Un Estado que se asume democrático y constitucional no puede normalizar que sus pueblos indígenas tengan que abandonar su tierra para encontrar el derecho a vivir.

Chilpancingo, a 16 de noviembre de 2026

 

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