*El diputado Pánfilo Sánchez (PT) propuso crear una Comisión de Consulta a Grupos Vulnerables, y que Ayuntamientos incluyan partida para sentencias judiciales y laudos laborales
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 18 de mayo de 2025. – El diputado Pánfilo Sánchez Almazán
(PT) presentó el pasado viernes, dos iniciativas de reforma a la Ley Orgánica
del Poder Legislativo y a la Ley Orgánica del Municipio Libre, ambas del Estado
de Guerrero, con el propósito de fortalecer la inclusión legislativa y la
responsabilidad financiera de los gobiernos municipales.
La primera iniciativa propone la creación de la Comisión
Ordinaria de Atención y Consulta a Grupos Vulnerables y de una Unidad Técnica
de Consultas, con el objetivo de establecer un nuevo modelo legislativo:
accesible, integral, intercultural, participativo y, sobre todo, más justo para
los sectores históricamente excluidos.
“El objetivo es garantizar procesos legislativos incluyentes
y acordes con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas,
afromexicanos, personas con discapacidad y otros grupos en situación de
vulnerabilidad, en cumplimiento de los mandatos constitucionales e
internacionales de los que México forma parte”, destacó el legislador.
La propuesta, que analiza la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos, plantea que la Comisión de Atención y Consulta a
Grupos Vulnerables sea un órgano legislativo con atribuciones específicas para
supervisar, dictaminar y coordinar iniciativas que impliquen consulta previa.
Además, impulsará una agenda legislativa orientada a la armonización normativa
con enfoque de derechos humanos, inclusión y no discriminación.
Asimismo, se contempla la creación de una Unidad Técnica de
Consultas como órgano especializado del Congreso, responsable de diseñar,
planear, ejecutar y documentar los procesos de consulta, conforme a los más
altos estándares nacionales e internacionales. Esta unidad operativa
garantizará que dichos procesos se realicen con legalidad, transparencia,
accesibilidad, buena fe y participación efectiva.
La segunda iniciativa busca que los Ayuntamientos estén
obligados a incluir en sus Presupuestos de Egresos una partida específica para
el cumplimiento de sentencias judiciales y laudos laborales, con el fin de
asegurar el respeto a las resoluciones judiciales, prevenir embargos por
incumplimiento, fortalecer la autonomía financiera municipal, promover la
transparencia en el gasto público y contribuir a la estabilidad operativa de
los gobiernos locales.
Esta propuesta, turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y
Gobernación, pretende establecer un marco normativo robusto que brinde certeza
jurídica tanto a los municipios como a los trabajadores, y garantizar que las
obligaciones legales sean cumplidas de manera efectiva y oportuna.
Además, se contribuirá a consolidar administraciones
municipales más responsables, que, mediante una planeación financiera adecuada,
puedan evitar crisis económicas y asegurar la continuidad y eficiencia de los
servicios públicos.
