*Ese nuevo modelo pretende sustituir al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero
*La iniciativa tiene por objeto armonizar el marco constitucional local con
la reforma federal
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero a 24 de mayo de 2025.- El diputado Pablo Amílcar Sandoval
Ballesteros (Morena) propuso reformas y adiciones a diversas disposiciones de
la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de simplificación
orgánica, garantizando el acceso a la información pública y la protección de
datos personales mediante un nuevo modelo institucional que sustituye al
ITAIGRO, redistribuye funciones entre órganos de contraloría y preserva la
eficacia y garantía de estos derechos sin duplicar funciones ni comprometer
recursos públicos.
Al presentar su propuesta, el pasado 21 de mayo, el diputado
destacó que esta iniciativa tiene por objeto armonizar el marco constitucional
local con la reforma federal, haciendo las adecuaciones en materia de acceso a
la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados.
Manifestó que esta reforma plantea una reestructuración en el
modelo de atención del derecho de acceso a la información, sin comprometer su
protección y garantía y se mantienen procedimientos de acceso expeditos, a
través de los sujetos obligados en poder de la información, asegurando que
dichos procesos se rijan por los principios de máxima publicidad,
disponibilidad, simplicidad, rapidez y gratuidad.
De esta manera, propone reformas a los artículos 105 numeral
1 fracción I; 108 numeral 1 y se deroga el Capítulo II del Título Octavo
vigente, que prevén el funcionamiento del Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero como
órgano constitucional autónomo competente en materia de transparencia, acceso a
la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados.
Asimismo, reformas a los artículos 58, 88 y 108 para
redistribuir las funciones que actualmente corresponden al ITAIGRO entre los
órganos de contraloría de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los
órganos con autonomía constitucional, de manera que dichas instancias funjan
como autoridades garantes en materia de transparencia, acceso a la información
y protección de datos personales.
De esta forma, al convertirse dichos órganos en garantes de
los derechos se les faculta para resolver los recursos de revisión en contra de
las respuestas que otorguen los sujetos obligados en materia de acceso a la
información pública, así como para definir lineamientos y directrices en
materia de transparencia proactiva y con sentido social.
También propone adicionar un artículo 179 bis para adecuar
las obligaciones en materia de transparencia a cargo de los Ayuntamientos y
Concejos Municipales para facultar a la Secretaría encargada de las funciones
de Contraloría y Transparencia Gubernamental como autoridad garante encargada
de revisar las funciones que llevan a cabo dichas autoridades municipales, en
su carácter de sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales.
“De esta manera, cada poder público y órgano autónomo tendrá
una autoridad garante, sin que ello implique comprometer la uniformidad y
congruencia de criterios y obligaciones en la materia, toda vez que sus
determinaciones deberán sujetarse a lo dispuesto en la Ley 2025 en el Diario
Oficial de la Federación”, dijo Sandoval Ballesteros.
Finalmente, se prevé que el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado sea competente en esta materia, respecto de
las solicitudes de acceso a la información presentadas ante los partidos
políticos.
Acuerdos
El diputado Juan Valenzo Villanueva (Morena) presentó un
punto de acuerdo para exhortar a los 84 Ayuntamientos y al Concejo Municipal
Comunitario de Ayutla de los Libres, con especial atención al municipio de
Tlacoachistlahuaca, para que emprendan una campaña de difusión en sus
comunidades sobre la prohibición de los matrimonios que impliquen a personas
menores de 18 años, y lleven a cabo talleres de concientización dirigidos a
madres, padres y tutores, sobre la ilegalidad y consecuencias de estas prácticas.
Fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
