Blinda la SCJN a Abelina contra su destitución y sanciones promovidas por la ASE y un ciudadano

Redacción
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*“Quieren meterme en la cárcel, pero recuerden que vengo de la lucha y no me voy a dejar”: advirtió Abelina, cuando se enteró de la demanda penal de la ASE ante la Fiscalía del Estado

*Hoy, la SCJN la blinda y suspende todo acto legal en su contra

/VERÓNICA CASTREJÓN ROMÁN

Acapulco, Guerrero, a 27 de junio de 2025.- Conjurado el peligro, la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, celebra el fallo de las Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que a través del ministro Javier Laynez Potisek y la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la blinda contra la revocación de su mandato, y la protege de sanciones por negarse a solventar ante a la Auditoría Superior del Estado (ASE), 898 millones de pesos de un fondo federal.

Abelina, quien desde el mes de mayo se dice perseguida política por el senador, Félix Salgado Macedonio (tanto ella como él van arriba en encuestas para el 2027), sostuvo esta tarde que su gobierno “no se detiene ante el golpeteo político, ni ante el ruido mediático”; “yo no me distraigo; no vine a pelear por cargos; vine a cumplir con el mandato del pueblo”.

La tarde de ayer así se expresó en la sala de Cabildos del Ayuntamiento, al final de la sesión del Consejo Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en donde quiso fijar “un pequeño posicionamiento” ante las suspensiones otorgadas en sendas controversias constitucionales promovidas por su gobierno:

 “La reciente suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo con voz temblorosa por la emoción, es un paso dentro de un proceso amplio; esa resolución nos obliga a seguir obrando con mesura, pero también con firmeza”. “Yo siempre he sido respetuosa de la ley; como bien lo decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Ayer, la ley le dio la oportunidad a la presidenta municipal de Acapulco, de seguir en su cargo y de no recibir sanción alguna por su negativa a comprobar ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

Además, quedaron suspendidos los procedimientos legislativos y judiciales en su contra, derivados de la investigación impulsada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de la ASE, y el proceso de la demanda de revocación de mandato que promovió el excandidato a la alcaldía de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, ante el Congreso de Guerrero, por “omisiones reiteradas en el ejercicio de sus funciones”.

El 29 de mayo de este año, la alcaldesa Abelina López anunció que llevaría a la SCJN su caso, debido a que “todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial llámese local y llámese Federal debe estar lo más podrido en Guerrero”. La controversia tendría que ver con la insistencia de la ASE por auditarle fondos federales; “ese órgano no tiene facultades para auditar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) ejercidos en 2023”, porque son fondos federales, que ya le fueron fiscalizados, sostuvo, por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Lo mismo hizo en el caso del juicio de revocación de mandato emprendido por Solorio Almazán, a quien califica de payaso y acusa de haber aprobado deudas millonarias del Ayuntamiento de Acapulco cuando fue regidor.

Esas controversias promovidas por el ayuntamiento de Acapulco (174/2025 y 176/2025) obtuvieron sendas suspensiones por tiempo indefinido: el acuerdo del ministro Laynez Potisek protege a la presidenta municipal de acciones de la ASE, mientras que el de Esquivel Mossa la blinda contra el proceso de revocación promovido por Ramiro Solorio. Ambas suspensiones la protegen de cualquier acción legal en su contra, hasta que el máximo tribunal resuelva las dos controversias constitucionales.

En lo que se refiere a la revocación de mandato, la controversia presentada por el Ayuntamiento de Acapulco reclama que “es un claro acto de molestia que debe de ser declarado como inválido, pues lo que se pide en el informe reclamado, es que se inicie en contra de la presidenta municipal el procedimiento administrativo correspondiente ante el Órgano Interno de Control del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero con sus consecuentes actos de investigación”.

Y sobre la invasión de competencia por parte de la ASE porque pretende auditarle recursos federales, la controversia señala que “se reclama de inconstitucional, precisamente, por derivar de un procedimiento de fiscalización que es inconstitucional y por prelación lógica debe de ser declarado como inválido, por violentar las autoridades responsables fiscalizadoras dependientes del Gobierno del estado de Guerrero, la esfera competencial de una autoridad federal, acto mediante el cual, transgrede dispositivos constitucionales".

“Tales como lo que prevé el artículo 79 de la Carta Magna, al instaurar procedimientos inconstitucionales e ilegales invadiendo francamente facultades exclusivas de la Auditoría Superior de la Federación”, menciona una de las controversias.

En ambas controversias los ministros determinaron que “Se concede la suspensión solicitada por el municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, en los términos y para los efectos que se indican en este acuerdo. La medida cautelar surtirá efectos de inmediato sin necesidad de que la parte actora exhiba garantía”.

Dichas medidas cautelares pueden ser impugnadas y tendrán que ser resueltas en la próxima integración de la Corte, a partir del 1 de septiembre, ya que la actual administración está por concluir sus funciones. Por lo tanto, la alcaldesa sigue en funciones.

“Quieren meterme en la cárcel, pero recuerden que vengo de la lucha y no me voy a dejar”: advirtió Abelina, cuando se enteró de la demanda penal es su contra, y acusó al gobierno estatal de persecución política, violencia política en función de género y daño moral.

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