*Esta reforma tiene una perspectiva interseccional de vulnerabilidad
*Incluye factores como discapacidad, pobreza, género, edad y etnicidad
para dificultar el acceso a la justicia: Juan Valenzo
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 24 de junio de 2025.- El diputado Juan Valenzo Villanueva
presentó, el pasado día 20 de este mes, una iniciativa de reforma a la Ley de
Amnistía del Estado para que se incorpore un enfoque de derechos humanos e
interseccionalidad en su aplicación, incluyendo de manera explícita a las
personas con discapacidad como grupo prioritario, a fin de garantizar un acceso
justo, incluyente y conforme a estándares internacionales.
En la exposición de motivos, el diputado Juan Valenzo explica
que la amnistía es una medida legal que exime de responsabilidad penal, lo cual
constituye un beneficio jurídico, pero no necesariamente un reconocimiento
moral ni político. En este sentido, la amnistía es una medida extraordinaria de
política penal que extingue la acción penal o la pena por determinados delitos
cometidos.
Agregó que Guerrero es uno de los estados de la República que
cuenta con una Ley de Amnistía local, en concordancia con la Ley de Amnistía
Federal expedida por el anterior gobierno federal y, en aras de avanzar en
dicha ley, la legislatura pasada expidió la Ley de Amnistía para el Estado de
Guerrero, conformándose como uno de los primeros estados en legislar en este
tema, seguido de Hidalgo, Estado de México, Sinaloa, Tlaxcala, Durango, entre
otros.
Sin embargo, la modificación a la Ley Número 851 de Amnistía
del Estado que presentó, tiene como finalidad reforzar los derechos de las
personas adultas mayores y en situación de discapacidad, porque, pese a que ha
sido un avance importante en la entidad al ser una de las primeras leyes
locales de amnistía en el país, aún presenta áreas de oportunidad para
garantizar justicia con enfoque social.
Por ello, el diputado por Morena explicó que esta reforma
contempla la incorporación de la perspectiva interseccional de vulnerabilidad,
que reconozca cómo se combinan factores como
discapacidad, pobreza, género, edad u origen étnico para dificultar el acceso a
la justicia.
Plantea el reconocimiento explícito de las personas con
discapacidad como sujetos de derecho en el articulado de la ley, superando su
mención aislada en el glosario; la modificación del lenguaje legal,
sustituyendo el término “beneficio” por uno más técnico y respetuoso, que
refleje el carácter jurídico de la amnistía como un mecanismo excepcional para
corregir desigualdades en la aplicación de la ley penal.
Además, establece la adopción del enfoque por persona y de
derechos humanos, conforme al artículo 1º constitucional, para que sean
principios rectores y no solo teóricos, así como la ampliación de las personas
legitimadas para solicitar la amnistía, incluyendo a tutores o cuidadores
legales, lo cual es crucial para personas adultas mayores o con discapacidad
que no pueden ejercer sus derechos directamente.
El legislador convocó a sus homólogos a sumarse y seguir
legislando para generar una ley viva, humanista, que vea a las personas más
allá del expediente penal y ponga al centro de la ley a las personas,
especialmente a aquellas que por décadas han estado históricamente excluidas
del acceso pleno al derecho y a la justicia.
A esta iniciativa de reforma se adhirió la diputada Araceli Ocampo Manzanares. El documento fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
