*Se armoniza con el artículo 4 Constitucional que reconoce el derecho a un medio ambiente sano como derecho humano fundamental: Marco Tulio Sánchez
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 12 de septiembre de 2025.- El Congreso del Estado aprobó ayer reformas
y adiciones a la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del
Estado para fortalecer la gestión municipal, sancionar prácticas que dañen el
medio ambiente y fomentar el aprovechamiento de residuos, incluyendo medidas
para separar residuos desde su origen, prohibir plásticos de un solo uso y
establecer sanciones más severas para quienes incumplan la norma.
Al fundamentar el dictamen de una propuesta del diputado
Marco Tulio Sánchez Alarcón, a nombre de la Comisión de Recursos Naturales,
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, la diputada Obdulia Naranjo Cabrera
destacó que la Comisión considera, bajo un estudio normativo, que la
legislación ambiental del Estado debe estar a la vanguardia y armonizarse con
el artículo 4 constitucional, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano
como derecho humano fundamental, obligándolo a garantizar su protección y restauración.
Por ello, agregó que para cumplir con el mandato
constitucional la legislación guerrerense debe incorporar mecanismos que
promuevan la separación de residuos desde la fuente, el reciclaje obligatorio y
la valorización de materiales, lo que permitiría reducir la presión sobre los
rellenos sanitarios y minimizar la contaminación.
Además de considerar el Programa Nacional para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de
Remediación de Sitios Contaminados, en la legislación estatal, radica en que
establecen los lineamientos técnicos y estratégicos necesarios para garantizar
un manejo adecuado de los residuos desde su generación hasta su disposición
final.
Asimismo, permite armonizar las políticas públicas con las
obligaciones constitucionales de protección al medio ambiente y salud pública,
ya que estos programas definen responsabilidades claras para los distintos
niveles de gobierno y sectores productivos, promueven la economía circular y
previenen daños ambientales irreversibles al incorporarlos en la normativa.
También se fortalece el marco jurídico evitando vacíos
legales que puedan derivar en prácticas contaminantes, asegurando que las
acciones de prevención gestión y remediación se realicen bajo criterios
científicos y técnicos estandarizados que protejan tanto los ecosistemas como
el bienestar de la población.
Con estas reformas se cambia la cuantificación de sanciones
de salarios mínimos a UMAS´s, ya que esta calcula con base en criterios
económicos, objetivos e independientes del salario permitiendo mantener
estabilidad en el valor real de las multas y obligaciones sin impactar
negativamente en la recuperación del poder adquisitivo del mínimo vital, al
evitar que el monto de las sanciones se vea erosionado por incrementos
salariales o que, por el contrario, se vuelvan excesivamente onerosas en
periodos de baja inflación.
