*Dictaminaría intervención para que los transportistas no se vean acorralados por horas poniendo en riesgo, muchas veces, su integridad: Érika Lührs
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 17 de octubre de 2025.- El Congreso del Estado de Guerrero
exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)
y al organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos
y Servicios Conexos (CAPUFE) para que de manera coordinada desplieguen
protocolos de actuación cuando haya bloqueos o cortes a la circulación
vehicular en la "Autopista del Sol".
El llamado hecho el pasado miércoles 15 de octubre, pretende abatir las incidencias provocadas por
marchas, manifestaciones o protestas públicas de ciudadanos y organizaciones,
aunque cuidando no menoscabar el derecho a la libertad de expresión.
En la propuesta que presentó en su momento la diputada Erika
Lorena Lührs Cortés, se señala que el objetivo es que estos protocolos que
implementen las dependencias permitan a la ciudadanía regresar, avanzar o
resguardarse en un espacio, sin la necesidad de que deban permanecer en el
tráfico vehicular el tiempo que dure el bloqueo.
El dictamen que fue emitido, a partir de la propuesta, por
las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Desarrollo Urbano y Obras
Pública, se señala que los protocolos de actuación son fundamentales porque
unifican criterios, evitan la improvisación y la negligencia, además minimizan
riesgos en situaciones críticas o complejas, garantizando respuestas eficaces,
consistentes y rápidas.
Dice que, al establecer pautas claras y responsabilidades
definidas permiten una mejor organización, optimizan el uso de recursos,
promueven la colaboración y la confianza entre equipos y salvaguardan el
bienestar de las personas involucradas, ya sea en un entorno de emergencia,
salud, educación o legal.
Refiere que los bloqueos carreteros no solo afectan a la
ciudadanía al interrumpir la libre circulación, también pueden retrasar la
entrega de insumos y servicios esenciales como alimentos, medicinas y
transporte, y generar pérdidas económicas.
Destaca que a pesar de que obstaculizar las vías de
comunicación se considera un delito federal en México, que se castiga con penas
de uno a cinco años de prisión y de 100 a 10 mil días de multa, de acuerdo con
el Código Penal Federal, es frecuente la toma de carreteras y casetas a modo de
presión contra las autoridades, donde diversas organizaciones de la sociedad
civil han encontrado en el denominado "bloqueo" una herramienta para
la atención de sus demandas.
En el dictamen se señala que las comisiones coinciden con la
propuesta de la diputada Erika Lührs, y que se consideran necesarios los
protocolos de intervención para que los transportistas no se vean acorralados
por horas poniendo en riesgo, muchas veces, su integridad, por lo que se deben
crear los protocolos pertinentes de actuación vehicular en estos casos.
Iniciativas
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) presentó una
iniciativa con proyecto de Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero.
La diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI) presentó una iniciativa
por la que se adiciona un inciso de la fracción II del artículo 31 de la Ley
1212 de Salud del Estado de Guerrero, en materia de salud mental, para
reconocerla como una prioridad sanitaria y social, fortalecer la atención
primaria con servicios accesibles y culturalmente pertinentes, así como
impulsar acciones preventivas, de detección temprana y acompañamiento
psicosocial en beneficio de la población guerrerense. Fue turnada a la Comisión
de Salud.
La diputada Ana Lilia Botello Figueroa (Morena) presentó una
iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley 260 para la Prevención
y Atención del Cáncer de Mama del Estado de Guerrero, con el objetivo de
garantizar una atención integral, gratuita, oportuna y de calidad para las
mujeres que enfrentan cáncer de mama, mediante la creación de la “Tarjeta Rosa”
como mecanismo de acceso a servicios médicos, diagnósticos, tratamientos y
medicamentos en instituciones públicas y privadas, fortaleciendo la coordinación
interinstitucional y la asignación presupuestal específica para su operación.
Las diputadas Glafira Meraza Prudente, Marisol Bazán
Fernández, Guadalupe García Villalva, y los diputados Carlos Eduardo Bello,
Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Joaquín Badillo Escamilla, y Pánfilo
Sánchez Almazán, se adhirieron a la iniciativa que fue turnada a la Comisión de
Salud.
La diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena) presentó una
iniciativa de adición al artículo 12 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Guerrero, para que el Ministerio Público esté obligado a
preguntar y garantizar, desde la apertura de la carpeta de investigación, la
asistencia de un intérprete o traductor certificado en lenguas indígenas, que
brinde apoyo a víctimas, ofendidos o testigos indígenas para asegurar su
comprensión plena de los actos procesales. Fue turnada a la Comisión de
Justicia.
El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó una
iniciativa para adicionar una sección XIV denominada “De la Unidad de Términos
y Reglamentos Constitucionales” a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero, para crear un órgano técnico especializado que supervise el
cumplimiento de disposiciones transitorias, coordine proyectos normativos,
asesore a los municipios en la armonización de sus reglamentos y garantice la
coherencia legislativa, evitando omisiones y fortaleciendo la eficacia del
marco jurídico estatal. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales
y Jurídicos.
La Mesa Directiva dio lectura a oficio suscrito por el
maestro José Enrique Solís Ríos, secretario de Servicios Parlamentarios del
Congreso, mediante el cual informa de la recepción de los oficios signados por
los municipios de Acatepec, Atlixtac, Azoyú, Coahuayutla de José María Izazaga,
Igualapa, Pilcaya, Zihuatanejo de Azueta y Zirándaro, Guerrero, con el que
remiten las iniciativas de Ley de Ingresos, Tablas de Valores, Presupuesto de
Ingresos y Actas de Cabildo, respectivamente, para el ejercicio fiscal 2025.
Fue turnada a la Comisión de Hacienda.
