*Es necesario establecer sanciones penales a quienes alteren la infraestructura hidráulica o se beneficien del robo del agua: Diana Bernabé Vega
*Chilpancingo y Acapulco se enfrentan con frecuencia al robo
de agua mediante perforaciones, manipulaciones y extracciones ilegales
que afectan a miles de familias
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 20 de octubre de 2025.- La diputada Diana Bernabé Vega
presentó una iniciativa para adicionar el artículo 356 Bis al Código Penal del
Estado de Guerrero para tipificar como delito la sustracción, explotación,
transporte o comercialización ilegal de agua, con penas de seis a doce años de
prisión y multas de hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs),
con agravantes cuando el delito sea cometido por servidores públicos.
En tribuna, la diputada explicó que la propuesta busca
garantizar una distribución justa, equitativa y acorde con el derecho humano al
acceso al agua, promoviendo así su uso responsable y la protección de los
bienes públicos del Estado, por lo que es necesario establecer sanciones
penales a quienes alteren la infraestructura hidráulica o se beneficien del
robo del agua.
Explicó que en México la Ley de Aguas Nacionales regula la
explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, así como el régimen
de concesiones y permisos, pero no contempla una tipificación penal que
castigue la sustracción clandestina del agua destinada al servicio público, las
tomas ilegales, las conexiones clandestinas y el comercio ilegal, quedando
únicamente en una sanción administrativa o civil.
Diana Bernabé dijo que el diagnóstico nacional es preocupante
porque el agua está acaparada por grandes corporativos, concesionada durante
décadas para fines económicos y, a la par, es robada por grupos que han hecho
de esta práctica ilegal su forma de enriquecimiento, porque esta práctica que
incluso ha sido llamada como “huachicoleo del agua” es una amenaza creciente
que vulnera la vida y la dignidad humana.
Agregó que en México existen más de 130 mil tomas
clandestinas de agua, situación que agrava la escasez, encarece el servicio y
genera desigualdad; mientras que, en Guerrero, municipios como Chilpancingo y
Acapulco se enfrentan con frecuencia al robo del vital líquido mediante
perforaciones, manipulaciones y extracciones ilegales que afectan a miles de
familias.
Por ello, remarcó que la iniciativa busca combatir las redes
clandestinas que lucran con la necesidad de la gente y el patrimonio público,
ya que el agua es un recurso esencial para la vida, que actualmente es
amenazado por el cambio climático, la sobreexplotación de los mantos acuíferos
y a eso se suma el tráfico ilegal.
La Comisión de Justicia analiza esta iniciativa de reforma
para su respectiva dictaminación.
