*El Estado debe responder inmediatamente por los daños causados, sin necesidad de demostrar dolo o culpa del servidor público involucrado: Héctor Suárez
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 17 de octubre de 2025.- Con la finalidad de garantizar que
las y los ciudadanos reciban indemnizaciones justas y oportunas por daños a sus
bienes o derechos derivados de la actividad administrativa irregular del
Estado, el diputado Héctor Suárez Basurto presentó ayer una iniciativa de
decreto por la que se adiciona el Capítulo VIII “De la Previsión Presupuestal”
que incluye los artículos 53, 54, 55 y 56 a la Ley de Responsabilidad
Patrimonial para el Estado de Guerrero y sus Municipios.
Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que
la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Guerrero y sus
Municipios representa un avance en el reconocimiento del derecho de las
personas a ser indemnizadas por daños ocasionados por la actuación irregular de
las autoridades. Sin embargo, señaló que su aplicación reciente ha evidenciado
limitaciones debido a vacíos normativos, procesos burocráticos y falta de
mecanismos claros para atender las reclamaciones.
Suárez Basurto destacó que la reforma busca fortalecer el
marco jurídico estatal bajo los principios de responsabilidad objetiva y
directa establecidos en el Artículo 109 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el Estado debe responder de manera
inmediata por los daños ocasionados, sin necesidad de demostrar dolo o culpa
del servidor público involucrado.
Subrayó que la reforma contempla la creación de una partida
presupuestal específica dentro del gasto público para cubrir las
indemnizaciones, así como la posibilidad de que los entes públicos contraten
seguros de responsabilidad patrimonial, con el objetivo de garantizar el pago
oportuno a las personas afectadas.
Informó que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU) el 81.4 % de la población identificó los baches como el principal
problema urbano en sus ciudades, indicadores que reflejan un deterioro
generalizado de la infraestructura urbana y la necesidad de establecer
mecanismos legales que permitan exigir compensaciones cuando los daños sean
consecuencia de omisiones o negligencia gubernamental. “La ciudadanía no debe
seguir pagando las consecuencias del abandono institucional”, sostuvo.
Finalmente, el legislador puntualizó que la iniciativa busca
fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la ética pública,
garantizando que los recursos destinados a la reparación de daños se apliquen
con responsabilidad.
La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
