*La desigualdad salarial entre hombres y mujeres persiste como uno de los fenómenos más arraigados en el ámbito laboral, derivado tanto de prácticas discriminatorias: Glafira Meraza
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 30 de noviembre de 2025.- La diputada Marisol Bazán Fernández,
a nombre también de sus homólogas Glafira Meraza Prudente y Ana Lilia Botello
Figueroa, y el diputado Carlos Eduardo Bello Solano, presentó una iniciativa de
reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Estatuto de los
Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos
Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado y de la Ley de Trabajo de
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, para incorporar en la
legislación estatal el concepto de brecha salarial de género y establecer
obligaciones claras para combatir la discriminación económica en el servicio
público.
La iniciativa señala que la desigualdad salarial entre
hombres y mujeres persiste como uno de los fenómenos más arraigados en el
ámbito laboral, derivado tanto de prácticas discriminatorias como de la
precariedad laboral, la segregación ocupacional y la desproporcionada carga de
cuidados que asumen las mujeres, con base en datos nacionales e
internacionales, se expone que estas condiciones limitan el desarrollo
profesional y reducen el acceso a puestos de mayor jerarquía.
Además, se destaca que esta propuesta se alinea con la
política nacional impulsada por el actual gobierno federal, que en el 2024
promovió reformas de gran alcance para normar la igualdad sustantiva, la vida
libre de violencia, el sistema de cuidados y la erradicación de la brecha
salarial por razones de género. Dichas disposiciones ya fueron publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de ese mismo año.
En concordancia con ese marco, la iniciativa plantea
armonizar la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, y la
Ley 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero,
estableciendo la obligación de garantizar remuneraciones justas, eliminar
cualquier diferencia salarial basada en género e implementar acciones
afirmativas que aseguren igualdad en el acceso, capacitación, ascenso y
condiciones laborales.
Asimismo, el documento fundamenta su pertinencia en los
Artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
la Convención CEDAW y en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la
Agenda 2030, que mandatan a los Estados promover la igualdad entre mujeres y
hombres, erradicar la discriminación y asegurar condiciones dignas y
equitativas en el empleo.
Las diputadas y el diputado promoventes refieren que
incorporar explícitamente el concepto de brecha salarial de género en las leyes
estatales permitirá fortalecer las políticas públicas, garantizar derechos
laborales y avanzar hacia un servicio público más justo, igualitario y acorde
con los principios internacionales en materia de derechos humanos e igualdad
sustantiva.
La iniciativa de reforma se turnó a la Comisión de Desarrollo
Económico y Trabajo, para su trámite legislativo.
