*Garantizan la responsabilidad fiscal, la eficiencia
recaudatoria y la justicia tributaria, sin generar cargas adicionales para la
ciudadanía/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 22 de diciembre de 2025. — El pleno de la LXIV Legislatura
aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero, la Ley de Ingresos General
para los Municipios del Estado de Guerrero, así como las leyes de ingresos y
las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de
base para el cobro de contribuciones sobre propiedad inmobiliaria en ocho
municipios de Guerrero.
Los municipios a que hace referencia la reglamentación aprobada
son Acapulco de Juárez, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala
de la Independencia, Taxco de Alarcón, Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo de
Azueta, todas correspondientes al ejercicio fiscal 2026.
Los dictámenes fueron emitidos por la Comisión de Hacienda,
integrada por las y los diputados Guadalupe García Villalva, presidenta; Jorge
Iván Ortega Jiménez, secretario; y Ana Lilia Botello Figueroa, Bulmaro Torres
Berrum y Vladimir Barrera Fuerte, vocales.
En lo aprobado se establece que se garantiza la
responsabilidad fiscal, la eficiencia recaudatoria y la justicia tributaria,
sin generar cargas adicionales para la ciudadanía.
También se incorporan los principios de austeridad, legalidad
y transparencia, con el objetivo de que los recursos públicos se destinen
prioritariamente a los sectores más relevantes para la población, como
seguridad, educación, salud, desarrollo rural, equidad de género y paz social.
Asimismo, se destaca que cada peso recaudado deberá administrarse bajo
criterios de eficiencia, participación social y rendición de cuentas.
Se subraya que no se contempla la creación de nuevos
impuestos, ni incrementos en las tasas existentes, ni la eliminación de
beneficios fiscales vigentes.
El objetivo central es consolidar estrategias de recaudación
eficientes, fortalecer la fiscalización y modernizar el sistema tributario
estatal, sin afectar la economía de las familias ni la competitividad de los
sectores productivos.
Finalmente, se señala que estos ordenamientos son realistas,
alcanzables y acordes con la situación económica del estado.
