*Es un problema estructural que debe visibilizarse pues pone en condiciones de vulnerabilidad laboral a trabajadoras y trabajadores de la educación: Diputado Pánfilo Sánchez
/La Redacción
Chilpancingo, Gro., 05 de
febrero de 2026.- El Congreso del Estado exhortó, el pasado 5 de
febrero, al titular de la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno Federal para que atienda de manera prioritaria
la situación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) y de
maestras y maestros no incorporados al Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo (FONE), garantizando su regularización
administrativa y laboral, su incorporación gradual al sistema y la instalación
de una mesa interinstitucional nacional.
Esto, a propuesta del diputado
Pánfilo Sánchez Almazán, a la cual se adhirió la diputada Araceli Ocampo
Manzanares, dictaminado por las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y
Tecnología, y de Desarrollo Económico y Trabajo. En el dictamen se destaca que
la sensibilidad, la responsabilidad institucional y el consenso político en
torno a una causa legítima —la dignificación del trabajo educativo— fueron
motivo para aprobar por unanimidad esta propuesta.
Al fundamentar el dictamen, el
diputado Pánfilo Sánchez Almazán hizo hincapié en la necesidad de visibilizar y
atender una problemática estructural que durante años ha colocado en
condiciones de vulnerabilidad laboral a trabajadoras y trabajadores de la educación
en Guerrero, particularmente al personal PAAE y a docentes que no han sido
incorporados al FONE.
Dijo que las Comisiones Unidas
coincidieron en que avanzar en la regularización laboral y en la incorporación
gradual al FONE del personal PAAE y del personal docente no incorporado
constituye una medida indispensable para consolidar un sistema educativo más
justo, eficiente, equitativo e incluyente, especialmente en una entidad como
Guerrero, donde persisten rezagos históricos y desigualdades estructurales.
Asimismo, agregó que este exhorto
cumple plenamente con los criterios de legalidad, pertinencia social,
viabilidad institucional y oportunidad pública, al canalizar una demanda
legítima mediante un instrumento respetuoso de las competencias federales, fortaleciendo
además la coordinación interinstitucional mediante la propuesta de instalación
de una mesa de trabajo.
