*El retorno de migrantes a la entidad ha aumentado en los últimos años; esta realidad debe atenderse con un enfoque de derechos humanos: Ma. Guadalupe Equiluz
La Redacción/
Chilpancingo; Guerrero, a15 de marzo de 2026. – La diputada Ma. Guadalupe Eguiluz
Bautista presentó una iniciativa para reformar el artículo 5 y adicionar una
fracción VIII al artículo 4 de la Ley Número 838 de Atención a los Migrantes
del Estado de Guerrero, con el propósito de reconocer explícitamente a las y
los migrantes guerrerenses en retorno como población prioritaria, así como
fortalecer la protección de sus derechos mediante el principio de no
criminalización.
La legisladora informó que en 2025 Guerrero recibió 3 mil
396.4 millones de dólares en remesas, una cifra histórica que evidencia la
relevancia de las y los migrantes para la economía estatal, donde estos
recursos representan un apoyo fundamental para miles de hogares y comunidades.
No obstante, señaló que el actual contexto migratorio en Estados Unidos ha
generado condiciones más complejas para esta población, con un incremento de
operativos y detenciones, además de nuevas disposiciones que encarecen el envío
de remesas.
Agregó que, debido a ello, el retorno de personas migrantes
guerrerenses a la entidad ha aumentado en los últimos años, lo que plantea
nuevos retos para las instituciones estatales y municipales en materia de
atención, acceso a servicios, regularización documental, salud, educación y
reinserción laboral. Por ello, consideró indispensable actualizar el marco
jurídico estatal para responder a esta realidad con un enfoque de derechos
humanos.
La iniciativa propone reformar el artículo 5 de la Ley de
Atención a los Migrantes del Estado de Guerrero para establecer de manera
expresa que las personas migrantes guerrerenses en retorno sean consideradas
población prioritaria en las políticas públicas, acciones y asignación
presupuestaria del Estado, especialmente cuando se encuentren en situación de
vulnerabilidad o desventaja.
Asimismo, plantea adicionar al artículo 4 el principio de no
criminalización de las personas migrantes, mediante el cual se establece que
ninguna autoridad estatal o municipal podrá considerar la condición migratoria
—regular o irregular— como elemento único para presumir la comisión de delitos
o faltas administrativas, ni para justificar actos de molestia o
discriminación.
La diputada Eguiluz Bautista recalcó que estas reformas no
buscan sustituir las competencias federales en materia migratoria ni limitar
las funciones de seguridad pública, sino brindar mayor certeza jurídica a las
autoridades estatales y municipales, asegurando que cualquier intervención se
base en criterios legales y objetivos, evitando prácticas discriminatorias o de
perfilamiento por condición migratoria.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a
Migrantes para su análisis y dictaminación.
