*No solo capacidad profesional, sino también una conducta ética intachable plantea la diputada Gladys Cortés
La Redacción/
Chilpancingo; Guerrero, a 15 de marzo de 2026.– Con el propósito de establecer
requisitos de elegibilidad de las personas titulares de dependencias y
entidades de la administración pública, evitando que accedan a dichos cargos
personas inhabilitadas, condenadas por delitos dolosos, por violencia familiar
o política de género, o registradas como deudoras alimentarias morosas, se
propone adicionar las fracciones V y VI al artículo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado.
La diputada promovente, Gladys Cortés Genchi, presentó la
iniciativa para incorporar estos requisitos, al considerar que la
administración pública desempeña un papel fundamental en la organización y
provisión de servicios esenciales como salud, educación, seguridad y protección
del medio ambiente.
Subrayó que, además de ser el vínculo entre el gobierno y la
población para la implementación de políticas públicas orientadas al bienestar
social y al desarrollo del estado, resulta indispensable que quienes encabecen
las dependencias y entidades gubernamentales cuenten no sólo con capacidad
profesional, sino también con una conducta ética intachable.
Por ello, plantea incorporar como requisitos adicionales para
ocupar cargos de titularidad en secretarías, dependencias y entidades
paraestatales: no encontrarse inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público; no haber sido condenado mediante sentencia
firme por delitos dolosos, particularmente aquellos relacionados con la vida y
la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el desarrollo
psicosexual, la violencia familiar o la violencia política contra las mujeres
en razón de género.
Además, no estar inscrito como deudor alimentario moroso, a
fin de garantizar que quienes ocupen posiciones de responsabilidad en el
gobierno estatal cumplan con principios de responsabilidad, legalidad y respeto
a los derechos humanos.
La diputada puntualizó que la reforma busca fortalecer la
integridad del servicio público en Guerrero, promover una administración más
honesta y transparente, y contribuir a la construcción de una sociedad libre de
violencia y corrupción, en la que el bienestar de las personas sea el eje
central de la función pública.
La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos analiza
la iniciativa para su debida dictaminación.
