*Es necesario establecer un parámetro claro que permita evaluar la actuación de las autoridades y exigir servicios públicos más eficientes: Alejandro Carabias
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 15 de marzo de 2026. – El diputado Alejandro Carabias Icaza
presentó una iniciativa para adicionar la fracción XIX al artículo 5º de la
Constitución Política del Estado de Guerrero, con el propósito de reconocer el
derecho de las personas a una buena administración pública, garantizando que la
actuación de las autoridades se rija por los principios de legalidad,
eficiencia, transparencia, imparcialidad y calidad en la prestación de los
servicios públicos.
En su exposición de motivos, el pasado viernes 13, el
legislador señaló que la administración pública representa el primer punto de
contacto entre la ciudadanía y el Estado, ya que, a través de sus dependencias
y organismos, se brindan bienes y servicios públicos que impactan directamente
en la vida de las personas.
Agregó que con esta iniciativa se busca fortalecer la
arquitectura constitucional, incorporando de manera expresa este derecho en la
Constitución local, con el fin de establecer un parámetro claro que permita
evaluar la actuación de las autoridades y exigir servicios públicos más
eficientes, transparentes y orientados a resultados.
Consideró que la buena administración pública se ha
consolidado como un estándar jurídico que obliga a las autoridades a actuar con
enfoque ciudadano, imparcialidad, transparencia y eficiencia, además de
asegurar procedimientos justos, plazos razonables y acceso a la información
pública. Asimismo, implica que los servicios públicos se presten bajo criterios
de continuidad, calidad y uso de tecnologías, orientándose no sólo al
cumplimiento de la ley, sino también a generar resultados que mejoren la calidad
de vida de la población y garanticen la protección efectiva de los derechos
humanos.
“De aprobarse la propuesta, se avanzaría hacia un modelo de
administración pública centrado en las personas, que priorice la rendición de
cuentas, la calidad institucional y el bienestar de la ciudadanía”, afirmó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su trámite correspondiente.
