*Esta reforma atiende problemática histórica que afecta a numerosos trabajadores que permanecen a la espera de justicia, argumenta
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 15 de marzo de 2026. – Con el objetivo de garantizar la
ejecución efectiva de sentencias laborales, la diputada Beatriz Vélez Núñez
presentó una iniciativa para reformar la Ley Número 248 de Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado de Guerrero y la Ley Número 51, Estatuto de los
Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos
Públicos Coordinados y Descentralizados
En la sesión ordinaria del pasado viernes 13, la legisladora
explicó que la propuesta busca establecer sanciones directas para los titulares
de dependencias y ayuntamientos que incumplan resoluciones judiciales.
Asimismo, plantea la obligación de que las instituciones públicas integren en
sus presupuestos una partida específica para el pago de laudos firmes, evitando
que la supuesta falta de recursos se utilice como pretexto para evadir
obligaciones.
Vélez Núñez señaló que esta reforma atiende una problemática
histórica que afecta a numerosos trabajadores quienes, a pesar de obtener
laudos favorables, permanecen a la espera de justicia. "Muchas sentencias
se quedan en el ámbito formal sin efectos reales, lo que debilita el derecho al
trabajo digno y la confianza de la ciudadanía en las instituciones",
enfatizó.
El proyecto establece la responsabilidad personal de los
titulares cuando exista incumplimiento en la ejecución de sentencias. De esta
manera, las multas correspondientes deberán cubrirse con su patrimonio personal
y no con recursos públicos; además, el desacato reiterado será catalogado como
falta administrativa grave, vinculándose a los mecanismos de control y
fiscalización del servicio público.
Finalmente, la iniciativa propone que todas las entidades
públicas reserven al menos el 1.5 por ciento de su presupuesto anual para el
cumplimiento de laudos firmes —salvo que no existan obligaciones pendientes—,
con el fin de fortalecer la disciplina fiscal, prevenir el crecimiento de
adeudos por intereses moratorios y garantizar el respeto a los derechos de las
y los trabajadores.
El documento fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para su análisis y dictaminación.
