*Dicha violencia, dijo, no sólo se manifiesta en agresiones físicas, sino también en maltrato psicológico, abuso patrimonial y económico, violencia sexual
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 09 de marzo de 2026.– El diputado Jesús Parra García
presentó ayer una iniciativa para adicionar el Capítulo II Bis denominado “De
la violencia contra las Personas Adultas Mayores” a la Ley 375 de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores del Estado, con el fin de que se reconozca y
defina de manera expresa la violencia ejercida contra este sector de la
población, se clasifiquen sus distintas modalidades y se establezcan
obligaciones claras para su prevención, atención, sanción y erradicación por
parte de las autoridades estatales y municipales.
Al exponer el tema, el diputado señaló que la violencia
contra las personas adultas mayores no es un asunto privado, sino una violación
directa a la dignidad humana. Por ello, no se trata únicamente de reformar una
ley, sino de trazar una línea ética y jurídica que impida la indiferencia, el
maltrato, el abandono, el despojo y la humillación hacia quienes han
contribuido al desarrollo de la sociedad.
Recordó que la violencia no sólo se manifiesta en agresiones
físicas, sino también en maltrato psicológico, abuso patrimonial y económico,
violencia sexual, retención de documentos, despojo de pensiones y abandono;
conductas que con frecuencia ocurren en el ámbito familiar o en espacios que
deberían brindar protección.
Aclaró que, aunque la Ley Número 375 contiene principios
relevantes, actualmente no define de forma clara la violencia contra las
personas adultas mayores ni clasifica sus tipos, lo que dificulta la
identificación de los casos y la actuación oportuna de las autoridades.
Por ello, la iniciativa propone incorporar una definición
amplia de violencia como cualquier acción u omisión que cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual, e incluso la
muerte, tanto en el ámbito público como privado. También incluye una cláusula
abierta para abarcar otras formas análogas; establece la obligación de las
autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el estado para prevenir,
investigar, atender y sancionar estos actos, además de facultar a cualquier persona
para presentar denuncias.
Asimismo, busca armonizar el marco jurídico estatal con la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, el Protocolo de San Salvador, los Principios de las Naciones
Unidas y la legislación federal en la materia, para garantizar que la vejez en
Guerrero sea sinónimo de respeto, protección y dignidad, y no de miedo, abuso o
silencio.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a los
Adultos Mayores para su trámite legislativo.
