*La “comisión por terminal” se aplica en distintos comercios,
desde grandes cadenas hasta negocios locales, y afectan al consumidor: Jhobanny
Jiménez/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 17 de abril de 2026.— La Comisión de Hacienda analiza un
punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Delegación de la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) en el estado y a la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para
que, en coordinación con el Ejecutivo
estatal, implementen de manera conjunta, urgente y coordinada acciones de
vigilancia, inspección, difusión y sanción contra el cobro ilegal de comisiones
por pago con tarjeta de crédito o débito en establecimientos comerciales de
Guerrero.
El llamado fue presentado ayer por el diputado Jhobanny
Jiménez Mendoza, quien agrega en el exhorto a la Delegación de la Profeco en la
entidad, así como a los 84 ayuntamientos y al Concejo Municipal Comunitario de
Ayutla de los Libres, para que, de manera coordinada, desarrollen campañas de
información dirigidas a la ciudadanía sobre los mecanismos para presentar
quejas y denuncias ante posibles abusos en precios o cobros ilegales en
establecimientos comerciales.
En la exposición de motivos, el legislador advirtió que en la
entidad se ha extendido una práctica comercial abusiva consistente en aplicar
cargos adicionales de entre el 3 y el 5 por ciento a consumidores que realizan
pagos mediante tarjeta bancaria, trasladando indebidamente al cliente costos
que corresponden a los establecimientos.
Indicó que esta práctica, conocida como “comisión por
terminal”, se presenta de manera recurrente en distintos tipos de comercios,
desde grandes cadenas hasta negocios locales, afectando directamente la
economía de las familias guerrerenses y desincentivando el uso de medios de
pago electrónicos.
Jiménez Mendoza destacó que estas acciones persisten pese a
que este tipo de cobros está expresamente prohibido por la Ley Federal de
Protección al Consumidor, la cual establece que el precio exhibido debe incluir
todos los cargos, comisiones e impuestos, por lo que cualquier recargo
adicional constituye una violación a la normativa vigente y puede ser
sancionado con multas económicas significativas.
Por lo anterior, se plantea hacer un llamado para que autoridades federales y estatales refuercen las acciones de supervisión e inspección, así como campañas de difusión para informar a la ciudadanía sobre sus derechos y los mecanismos para presentar quejas ante posibles abusos.
