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*Se busca reducir el riesgo de que las leyes sean invalidadas
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Alejandro Carabias Icaza/La Redacción
Chilpancingo, Gro., 17 de abril de 2026.- El diputado Alejandro Carabias Icaza
propuso reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, con el fin de establecer la obligación de incluir análisis de
constitucionalidad y convencionalidad en los dictámenes legislativos.
Asimismo, la propuesta busca facultar a la Secretaría de
Servicios Parlamentarios para emitir opiniones técnicas de viabilidad jurídica
que reduzcan el riesgo de que las leyes sean invalidadas por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN).
En la iniciativa, que analiza la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos, el legislador expone que el dictamen no solo
cumple una función formal dentro del procedimiento legislativo, sino que
constituye el espacio en el que se expresan las razones que justifican la
creación, modificación o derogación de normas. Por ello, su contenido debe
responder a los más altos estándares de rigor jurídico.
Señaló que la ausencia de un análisis sistemático de
constitucionalidad y convencionalidad dentro de los dictámenes incrementa el
riesgo de que las disposiciones sean impugnadas y, eventualmente, invalidadas.
Por lo anterior, propone adicionar una fracción al artículo
256 de dicha ley para establecer, de manera expresa, la obligación de incluir
en los dictámenes un análisis de constitucionalidad, convencionalidad y
armonización normativa. Este análisis deberá verificar la compatibilidad de las
iniciativas con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución local, los tratados internacionales, las leyes generales
aplicables y la jurisprudencia obligatoria.
“La incorporación de este elemento permitirá fortalecer la
calidad técnica de los dictámenes, mejorar la coherencia del sistema jurídico y
reducir el riesgo de invalidez de las normas aprobadas. Asimismo, contribuirá a
consolidar un Poder Legislativo más profesional, responsable y alineado con los
estándares del Estado democrático y constitucional”, puntualizó el legislador.
Finalmente, añadió que la iniciativa se vincula con los principios de buena administración pública, parlamento abierto y transparencia legislativa, en la medida en que promueve decisiones mejor fundamentadas y accesibles para la ciudadanía.
