/Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa y Arturo de Dios Palma
Chilpancingo; Guerrero, a 18 de mayo de 2026/ EL TLACOLOL.-
Antes del mediodía del martes 12 de mayo, la secretaria de Gobernación,
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, subió por el elevador privado del Palacio de
Gobierno que conduce directo a la oficina de la gobernadora, Evelyn Salgado
Pineda. La molestia de la funcionaria federal era evidente, contaron fuentes
del recinto. Previo a la llegada de Rodríguez Velázquez, todo el personal de
las oficinas de Salgado Pineda recibió la orden de retirarse.
La encargada de despacho de la Secretaría General de
Gobierno, Anacleta López Vega, no fue informada de la visita de la funcionaria
federal y mucho menos fue invitada a la reunión.
La puerta del pasillo —de una especie de puente que comunica
de la Secretaría General a las oficinas de la titular del Ejecutivo— permaneció
cerrada con llave.
Las oficinas de la gobernadora cuentan con una amplia sala
con muebles cómodos y en el centro hay dos banderas: la nacional y la estatal.
A la derecha del escritorio de la gobernadora, hay una pantalla grande que
sirve para presentar videos, gráficas y enlaces en vivo.
Rodríguez Velázquez y el subsecretario de Gobernación César Yáñez Centeno tomaron el control de las oficinas de Salgado Pineda para dar seguimiento en tiempo real al despliegue de militares, Guardia Nacional (GN), Policía Estatal y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, municipio de Chilapa, donde explotó un conflicto armado debido a la inoperancia de las autoridades estatales durante los seis días previos, quienes, por omisión, complicidad o saña, no acudieron para dialogar y evitar que escalara la violencia.
En un oficio que al calce decía “extra urgente”, con fecha 11
de mayo, firmado por el segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Guerrero (CDHEG), Fernando Esteban Ramírez, y dirigido al
subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, se
le da cuenta de los hechos de violencia registrados en Tula, Xicotlán y
Acahuehuetlán, presuntamente cometidos por un grupo de la delincuencia
organizada.
La CDHEG solicitó a la Secretaría General de Gobierno que se
activaran los protocolos para salvaguardar las vidas, las libertades, la
integridad y el patrimonio de las personas, garantizando además medidas
reforzadas de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños, así como la
preservación del orden público y la paz social.
Ese mismo 11 de mayo, Rodríguez Cisneros, escoltado por
varias patrullas de la Policía Estatal y la GN, se trasladó a la zona del
conflicto, pero en el crucero de El Jagüey, en el mismo municipio de Chilapa,
fue interceptado por un grupo de hombres que se identificaron como policías
comunitarios del grupo Por la paz y la justicia, encabezados por su dirigente,
Severino González.
Severino González es uno de los líderes visibles de esta
agrupación que ha puesto en jaque a los últimos tres gobiernos estatales.
El grupo Por la paz y la justicia ejerce control en
municipios de las regiones Montaña y Centr, que coinciden con los lugares donde
también tiene presencia la organización criminal de Los Ardillos, y la cual ha
sido responsabilizada de la desaparición y asesinato de personas,
específicamente durante el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez y
durante la irrupción armada en mayo de 2015.
En marzo de 2025, un contingente de esta zona de Guerrero,
encabezado por alcaldesas y alcaldes, bloqueó con una marcha la Autopista del
Sol, retuvo a ocho secretarios del gabinete estatal y obligó a la gobernadora a
que los atendiera en el auditorio Sentimientos de la Nación, donde recibió
gritos de reclamo por la falta de obras.
El 11 de mayo, Rodríguez Cisneros, el principal operador
político de Salgado Pineda, fue obligado por Severino González a regresar a
Chilpancingo e informar que la situación en esa zona era demasiado complicada
porque aún seguía el enfrentamiento armado contra los policías comunitarios del
Consejo Indígena de Pueblos de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
La situación que se vivía en esa zona de pueblos indígenas,
ancestralmente olvidados por las autoridades de los tres niveles de gobierno,
prendió las alarmas en Palacio Nacional.
Informes de la presidencia detallaron que ese mismo día por
la tarde, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó a Rodríguez
Velázquez que se hiciera cargo del caso en coordinación con el secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El gobierno federal tenía informes de que la situación en
esta región indígena de Chilapa se desbordaría por los antecedentes de
violencia y criminalidad de la última década.
La orden presidencial fue, otra vez, recomponer la omisión e
inoperancia del gobierno de los Salgado.
Mientras los enfrentamientos continuaban y la petición de
ayuda de los desplazados se mediatizaba en redes sociales, Salgado Pineda
comenzó tranquilamente su mañana del 11 de mayo. La gobernadora no había
modificado sus actividades y comenzó su día con un homenaje a la Bandera, como
cada primer lunes de mes, en la explanada del Palacio de Gobierno.
La única diferencia fue que no hubo transmisión en vivo de su
evento, para evitar que, en las redes sociales, los usuarios le reclamaran la
inacción de su gobierno para atender el conflicto armado en Chilapa.
Fuentes señalan que desde la tarde de ese lunes, Rodríguez
Velázquez comenzó a operar desde la Ciudad de México para destrabar el
conflicto en Guerrero.
El martes 12, la funcionaria federal llegó a Chilpancingo muy
temprano y, junto con César Yáñez —ambos cercanos al expresidente Andrés Manuel
López Obrador—, tomó las oficinas de la gobernadora.
Rodríguez Velázquez llevó la planeación del operativo; se
podría entender que, por unas horas, gobernó Guerrero.
La mañana del miércoles 13 de mayo, después de que se logró
un cese al fuego —ya se habían contabilizado al menos seis muertos, cinco
desaparecidos y decenas de casas incendiadas—, Rodríguez Velázquez, Yáñez
Centeno y Salgado Pineda se trasladaron a la zona de conflicto, rodeados de un
fuerte dispositivo de seguridad.
En Alcozacán, zona controlada por el Cipog-EZ, y en
Coatzingo, donde tiene el dominio el grupo Por la paz y la justicia, vinculada
a Los Ardillos, Rodríguez Velázquez les exigió a sus dirigentes, en reuniones
por separado, la firma de un acuerdo de paz.
Rodríguez Velázquez —quien en la década de los noventa
trabajó como reportera en el diario La Jornada—, tras
visitar la zona de conflicto, regresó a la Ciudad de México, pero comisionó a
personal de su confianza para que atienda la situación.
El gobierno de los Salgado no ha molestado con ningún
operativo estatal a ningún grupo criminal en Guerrero, a pesar de las
diferentes crisis que han vivido.
En temas de seguridad, no es la primera vez que Rodríguez
Velázquez saca de aprietos al gobierno de los Salgado.
En enero de 2024, cuando la funcionaria fungía como
secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el gobierno de López
Obrador, operó el relevo del secretario de Seguridad estatal, el capitán de
corbeta Evelio Méndez Gómez, tras una crisis de violencia que se había
registrado en Acapulco, Taxco y Chilpancingo, con secuestros de personas, quema
de transporte público y paralización de este servicio.
En los cuatro años con siete meses que lleva en el cargo
Salgado Pineda, las 15 organizaciones criminales que operan en Guerrero —y que
tienen pactos con autoridades de distintos partidos políticos y corporaciones
policiacas— tienen en vilo al gobierno estatal.
No solo han sido Los Ardillos; también La Familia Michoacana
y Los Tlacos han aumentado exponencialmente el control de territorios en lo que
va de este gobierno, según un informe de las propias autoridades estatales.
El informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) señala que en el primer trimestre de este 2026, Chilpancingo, Acapulco,
Zihuatanejo y Taxco aparecen como las ciudades con mayor percepción de
inseguridad en el país.
Las extorsiones, el cobro de piso y los homicidios dolosos
son los delitos que más se cometen en estas zonas dominadas por las
organizaciones criminales.
Mientras la ciudadanía sufre las consecuencias de la
inseguridad, la mala calidad de los servicios de salud y la falta de educación,
los Salgado se concentraron en la candidatura de Salgado Macedonio para la
sucesión en la gubernatura; aunado a ello, se han preocupado más por la
imposición de candidatos en los cargos de representación popular en lugares
clave, como la más reciente propuesta de la gobernadora: a pesar de que Morena
promovió la elección judicial a escala federal, Salgado Pineda envió al Congreso
local una propuesta para que Saúl Montúfar Mendoza sea magistrado provisional
del Tribunal Superior de Justicia, con miras a que lo presida.
El anuncio del arranque del proceso interno de Morena para la
elección de candidatos y candidatas a las gubernaturas, alcaldías y
diputaciones bajo la figura de coordinadores o coordinadoras de la Transformación
aceleró la ambición política del clan de los Salgado.
Salgado Macedonio sigue utilizando toda su influencia en el
gobierno estatal con actos masivos que prefiguran actos de precampaña.
A pesar de que la exlíder nacional de Morena Luisa María
Alcalde Luján declaró que el senador no será tomado en cuenta en ninguna
encuesta para la candidatura a la gubernatura por el nepotismo electoral,
Salgado Macedonio no renuncia a ser considerado y continúa aferrado a que se
respete la Constitución y no los lineamientos internos de su partido.
Un ejemplo de ello ocurrió este sábado 16 de mayo en la playa
Papagayo, donde Salgado Macedonio rindió su octavo informe consecutivo como
senador, aunque él resaltó que era el segundo de este segundo periodo; el
evento, más que un informe, fue un mitin político, rodeado de diputados,
funcionarios y trabajadores de Palacio de Gobierno.
Lo más grave es que Salgado Macedonio interpretó el nepotismo
electoral y manipuló lo que su partido propuso: “El nepotismo es cuando un
gobernante designa a un familiar en un cargo; y aquí no es el caso. Además,
está la Constitución, que establece que como mexicano tiene uno derecho a votar
y ser votado. Pero yo no digo que quiero (la candidatura), sino que voy a
esperar a ver qué dice mi partido”.
Así, mientras Salgado Macedonio no detiene su activismo
político, su hija reduce cada vez más sus actos públicos; hay un cansancio y
agotamiento de sus monótonos eventos, los cuales ya solo se transmiten de vez
en cuando a través de redes sociales. Los fines de semana, la mandataria
estatal se ausenta de actividades públicas y se dedica a publicar fotografías
planeadas con antelación.
El conflicto armado en la zona indígena de Chilapa no estalló
solo por un descuido del gobierno de los Salgado, sino por un desprecio
histórico hacia esta zona nahua.
Peor aún: el gobierno estatal y el federal, la iglesia
católica y las comunidades dominadas por Los Ardillos han comenzado una campaña
mediática en medios de comunicación para sostener la versión de que el Cipog-EZ
mantiene nexos con una organización rival, Los Tlacos, y que, incluso, los
desplazados incendiaron sus viviendas para llamar la atención de los medios.
El objetivo de esta versión es que, a mediano plazo, a nadie
le importen los asesinatos, el desplazamiento y las desapariciones contra esta
población, con el pretexto de que se trata de un ajuste de cuentas entre
organizaciones criminales.
Chirrionazo
Luego de que se dio a conocer la propuesta de Evelyn Salgado Pineda de nombrar a Saúl Montúfar Mendoza como magistrado provisional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el actual magistrado presidente, Ricardo Salinas Sandoval, emprendió una campaña mediática para señalar que Montúfar Mendoza no tiene las credenciales para ser nombrado magistrado. Y es que, a pesar de todo, Salinas Sandoval hizo carrera judicial; en cambio, el nombramiento de Montúfar Mendoza sería al más puro estilo priista.
