*Miles de personas con discapacidad que viven en Guerrero,
merecen contar con un marco jurídico armonizado y respetuoso de los derechos humanos:
Rafael MartínezLa Redacción/
Chilpancingo; Guerrero, a 14 de junio de 2026. —
Con el propósito de homologar la definición de "persona con
discapacidad" con el marco legal federal y el modelo social de derechos
humanos —eliminando términos catalogados como patologizantes o discriminatorios—,
el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley para las Personas con
Discapacidad del Estado de Guerrero.
Estas modificaciones se realizaron a propuesta del diputado
Rafael Martínez Ramírez, fueron dictaminadas por la Comisión de Atención a las
Personas con Discapacidad y fundamentadas por la diputada Leticia Rodríguez
Armenta. Esta última resaltó que con la modificación también se da cumplimiento
a una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro
de la Acción de Inconstitucionalidad 147/2024.
Además, se reafirma el compromiso con las miles de personas
con discapacidad que viven en Guerrero, quienes merecen contar con un marco
jurídico armonizado, actualizado y plenamente respetuoso de sus derechos
humanos.
La legisladora afirmó que esta reforma busca homologar la
legislación local con la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, incorporando criterios acordes con la Clasificación Internacional
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, emitida por la
Organización Mundial de la Salud. Con ello, se fortalece la certeza jurídica y
se evitan interpretaciones que pudieran vulnerar derechos o generar barreras
para el ejercicio pleno de la inclusión.
“Desde esta Comisión consideramos que legislar en favor de
las personas con discapacidad implica escuchar sus necesidades, reconocer sus
derechos y construir condiciones que garanticen su participación plena y
efectiva en todos los ámbitos de la vida pública y privada”, indicó.
Finalmente, señaló que con la reforma al artículo 3 de la Ley
817 para las Personas con Discapacidad del Estado se cumple con una sentencia,
un deber ético y constitucional, refrendando así el compromiso con la igualdad,
la dignidad humana y la no discriminación.
