*En Guerrero hay más de 213 mil personas con discapacidad, una
de sus mayores limitaciones es la movilidad: Héctor Suárez Basurto/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 12 de junio de 2026.- La Comisión de Justicia analiza un
punto de acuerdo presentado por el diputado Héctor Suárez Basurto para exhortar
a las Secretarías General de Gobierno, y de Finanzas y Administración, así como
a la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, del Estado de Guerrero, a
realizar un estudio de viabilidad técnica, operativa y presupuestal para
diseñar e implementar un programa de transporte público exclusivo para personas
con discapacidad, garantizando accesibilidad universal, movilidad segura, autonomía,
igualdad sustantiva y no discriminación.
En la exposición del tema, el legislador externó que
garantizar la movilidad es un elemento indispensable para el ejercicio de
derechos fundamentales como la educación, el trabajo, la salud, la cultura, la
recreación y la participación en la vida pública; por ello, el acceso efectivo
al transporte público es necesario para el desarrollo pleno de las personas con
discapacidad.
Agregó que, de acuerdo con datos del Censo de Población y
Vivienda 2020 del INEGI, en Guerrero existen más de 213 mil personas con
discapacidad, lo que representa el seis por ciento de la población estatal,
siendo la movilidad una de las limitaciones con mayor incidencia.
Ante tal panorama, destacó que la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de los
Estados de garantizar sistemas de transporte accesibles, seguros y adecuados.
Asimismo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y
la Ley Número 817 para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero
reconocen la necesidad de generar condiciones de accesibilidad universal para
este sector de la población.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena resaltó que se pretende impulsar un estudio técnico que permita conocer las necesidades reales de movilidad de este sector, identificar rutas prioritarias, evaluar costos operativos y presupuestales, analizar modelos exitosos aplicados en otras entidades y determinar posibles fuentes de financiamiento y coordinación institucional.
