*Damián Peralta denunció formalmente que un módulo del INE entregó de manera indebida información confidencial
*La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal alertó sobre
las responsabilidades legales y penales que conlleva la difusión de datos
personales
*“Quien nada debe, nada teme, mi vida es pública y
transparente; pero denunciaré este atropello ante el Registro Federal de
Electores, en beneficio de la ciudadanía” advirtió
La Redacción
Tuxpan; Guerrero, a 25 de junio de 2026.- La exconsejera jurídica del
Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, anunció que presentará una denuncia
formal y enérgica ante el Registro Federal de Electores tras haber sido víctima
de una vulneración grave y filtración indebida de sus datos personales y
sensibles por parte de personal adscrito a un módulo de atención ciudadana en
el puerto de Acapulco.
Durante un mensaje emitido desde el Lago de Tuxpan, la
aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la
Soberanía Nacional en Guerrero, catalogó el incidente como un asunto de máxima
gravedad institucional.
Damián Peralta puntualizó que la querella no obedece
únicamente a un agravio en su contra, sino a la imperiosa necesidad de que los
órganos electorales cumplan con su obligación constitucional de salvaguardar la
confidencialidad de todos los ciudadanos.
“Voy a presentar una denuncia en particular contra un módulo
al que acudí en Acapulco, Guerrero, porque entregaron de manera indebida datos
sensibles y confidenciales que no tendrían que haber filtrado. Este asunto lo
voy a denunciar para que lo investigue el Registro Federal de Electores. Es un
asunto sumamente delicado, no porque sea contra Esthela Damián, sino porque
ellos son los encargados de proteger los derechos de todos los ciudadanos. Su
servidora tiene una trayectoria pública y transparente, no tengo nada que
ocultar ni nada que esconder. En el Registro Federal de Electores daré los
datos del módulo donde entregué mis datos sensibles para que procedan con la
investigación y sancionen con todo el peso de la ley”, apuntó.
Bajo el Artículo 8 de la Ley General en Materia de Delitos
Electorales, cualquier funcionario electoral que altere, comercialice o haga
uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores o padrón
electoral se enfrenta a sanciones severas que contemplan de cincuenta a
doscientos días multa y prisión de dos a seis años, además de la destitución
inmediata e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La legislación contempla responsabilidades administrativas y
penales transversales para los actores o terceros que coadyuven en la difusión
dolosa de dichos datos confidenciales.
