*Los contratistas deben acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones laborales mediante la afiliación de su personal al Instituto
Mexicano del Seguro Social: Héctor SuárezLa Redacción/
Chilpancingo; Guerrero, a 09 de julio de 2026.- Para garantizar el respeto a los
derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores que participan en la
ejecución de obras públicas, el diputado Héctor Suárez Basurto presentó una
iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 57, 61 y 65 de la Ley de
Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero.
Al presentar su propuesta durante la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso del Estado, el legislador de Morena señaló que las
empresas contratistas deben acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
laborales mediante la afiliación de su personal al Instituto Mexicano del
Seguro Social, así como mostrar el registro de la obra y la información
correspondiente de nómina y lista de raya de quienes participan en la ejecución
de los proyectos.
Explicó que la naturaleza de esta actividad se califica como
empleo temporal, ante la eventual culminación de los proyectos de construcción;
sin embargo, existen ordenamientos estatales y federales en materia de
seguridad social que plasman la obligación de los contratistas de registrar
toda obra y dar de alta a sus trabajadores, evitando que se vulneren sus
derechos.
En ese sentido, indicó que el beneficio primordial de esta
iniciativa radica en dignificar las condiciones de vida de quienes trabajan en
la construcción en Guerrero garantizando que cuenten con un seguro de riesgos
de trabajo activo desde el primer día de la obra.
“Esto es de vital importancia en un sector con una alta tasa
de siniestralidad, donde un accidente sin seguridad social suele significar la
ruina económica de la familia entera. Sin embargo, con este candado legal, el
albañil, el peón y el artesano de la construcción tendrán acceso real a la
atención médica, medicamentos, cirugías e incapacidades pagadas ante cualquier
eventualidad”, ilustró.
De la misma forma, la iniciativa busca dotar a las
dependencias ejecutoras de herramientas que les permitan verificar el
cumplimiento de estas obligaciones durante el desarrollo de las obras,
garantizando mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los
recursos públicos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Congreso para su análisis y dictaminación correspondientes.
