*Que las personas con discapacidad y las adultas mayores sean
prioritarias en créditos, estímulos, apoyos y ayudas para obtener una vivienda
adecuada: Héctor SuárezLa Redacción/
Chilpancingo; Guerreo, a 03 de agosto de 2026.- El diputado Héctor Suárez Basurto
(Morena) presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Vivienda Social del
Estado de Guerrero para que, en armonía con la reciente reforma al artículo 4°
de la Constitución Política federal, se garantice el derecho de toda persona a
una vivienda adecuada.
En su exposición de motivos, ayer, el legislador señaló que
la vivienda constituye un elemento fundamental para el desarrollo integral de
las personas y las familias, por ser el espacio en que confluye el ejercicio de
otros derechos humanos, como la salud, la educación, la seguridad y la convivencia
comunitaria.
Indicó que la reforma constitucional publicada el 2 de
diciembre de 2024 sustituyó el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el
de “vivienda adecuada”, lo que representa un cambio sustancial en la protección
de este derecho, al incorporar criterios relacionados con la habitabilidad,
accesibilidad, servicios básicos, ubicación segura y condiciones que permitan
una vida digna.
En ese sentido, su iniciativa propone actualizar los diversos
conceptos contenidos en la Ley de Vivienda Social del Estado de Guerrero, así
como garantizar que este derecho sea reconocido para todas las personas, bajo
un enfoque de inclusión y universalidad.
Igualmente plantea fortalecer el contenido del artículo 64 de
la citada ley para establecer de manera expresa que las personas con
discapacidad y las personas adultas mayores sean consideradas prioritarias en
el otorgamiento de créditos, estímulos, apoyos y ayudas destinados al acceso a
una vivienda adecuada.
Suárez Basurto destacó que estas reformas permitirán
consolidar políticas públicas orientadas no sólo a la construcción de
viviendas, sino a la creación de hogares funcionales, accesibles y acordes con
las necesidades de la población guerrerense, particularmente de quienes se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Finalmente, subrayó que la propuesta no implica nuevas cargas
presupuestales inmediatas, sino que busca brindar certeza jurídica y adecuar la
legislación estatal a los nuevos estándares constitucionales y de derechos
humanos en materia de vivienda.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Vivienda para su
análisis y dictaminación correspondientes.
