*Contempla la corresponsabilidad de madres, padres o tutores
para la reparación integral del daño: Citlali CalixtoLa Redacción/
Chilpancingo; Guerrero, a 05 de octubre de 2026.- Con el propósito de prevenir,
sancionar y atender las conductas violentas en el ámbito educativo, la diputada
Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena) presentó una iniciativa de adiciones al
Código Penal del Estado para incorporar la figura de “violencia en el entorno
escolar”.
Desde tribuna, la legisladora argumentó que esta problemática
requiere atención urgente porque afecta física, psicológica y emocionalmente a
todas y todos los que integran la comunidad escolar, tanto niñas, niños y
adolescentes, como docentes, directivos, madres y padres de familia.
En ese tenor, relató que, de acuerdo con datos de organismos
nacionales e internacionales, el acoso y otras formas de violencia tienen una
importante incidencia entre la población estudiantil, y en Guerrero, en
particular, es señalada por niñas, niños y adolescentes como una de las
principales razones para abandonar los estudios.
Calixto Jiménez enfatizó que la propuesta no busca
criminalizar a las y los estudiantes, sino proteger su integridad y su futuro,
bajo un enfoque humanista y preventivo que considere que detrás de una conducta
violenta también pueden existir situaciones de abandono, maltrato o entornos
que requieren atención.
La iniciativa plantea considerar como “violencia en el
entorno escolar” las agresiones físicas o sexuales, la violencia digital,
intimidación, hostigamiento, acoso o insultos cometidos contra alguna persona
integrante de la comunidad educativa, dentro o fuera de los planteles, cuando
se atente contra su integridad o su vida.
Asimismo, establece que cuando estas conductas sean cometidas
por adolescentes, se privilegien medidas de orientación, protección, prevención
y apoyo psicológico especializado, en apego a la legislación nacional en
materia de justicia para adolescentes.
De la misma forma, contempla la corresponsabilidad de madres,
padres o tutores para la reparación integral del daño, sanciones de 50 a 200
días multa, penas de seis meses a cuatro años de prisión y tratamiento
psicológico especializado cuando así lo determine la autoridad judicial.
Agregó que estas sanciones aumentarán hasta en una mitad
cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad, adulta mayor o
mujer embarazada; cuando exista abuso de una posición de autoridad o confianza
dentro de la escuela; la agresión sea cometida en grupo o por interpósita
persona, o se realice a través de medios digitales.
La legisladora justificó que la violencia en las escuelas no
debe normalizarse, sino que se deben generar condiciones para que los espacios
educativos sean lugares seguros, de convivencia y desarrollo para las niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y personal educativo.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su
análisis y dictaminación correspondientes.
