* 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑑𝑒 “𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖́𝑎𝑠”, 𝑛𝑜 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠𝑎𝑛𝑜𝑠,
𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛
36 𝑎𝑛̃𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
* 𝑍𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛𝑜
𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎
𝑛𝑜 𝑝𝑢𝑑𝑜
𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠
𝑦 𝐴𝑔𝑢𝑖𝑟𝑟𝑒
𝑅𝑖𝑣𝑒𝑟𝑜
𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑜́
* 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛
𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠
𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜́𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑦 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
* “𝑆𝑜𝑚𝑜𝑠
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠,
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝐴𝑀𝐿𝑂”,
𝑑𝑖𝑐𝑒𝑛
𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
𝘾𝙖𝙧𝙡𝙤𝙨 𝙊𝙧𝙩𝙞𝙯 𝙈𝙤𝙧𝙚𝙣𝙤 (𝙋𝙧𝙞𝙢𝙚𝙧𝙖 𝙙𝙚 𝙩𝙧𝙚𝙨 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚𝙨)
El anuncio de la construcción de
un edificio para la Guardia Nacional en terrenos de la Casa de la Cultura de
Acapulco podría convertirse en la segunda invasión que rompe un convenio de
donación condicional celebrado en 1975. La primera irrupción ilegal la cometió
un grupo de comerciantes que llevan 36 años posesionados en parte de esas
instalaciones.
La historia de la invasión de
comerciantes a la Casa de la Cultura de Acapulco inició en 1988 con Eloína
López Cano como directora del lugar quien ordenó a algunos de los trabajadores
prestar una mesa y una silla para que, sobre el muro de piedra que cercaba las
instalaciones, el señor Emilio de la Rosa exhibiera sus obras pintadas en papel
amate que realizaba con su familia.
Sin embargo, la propia López Cano
rectificó para que De la Rosa se saliera del sitio cuando descubrió que durante
los fines de semana se realizaba vendimia de otra naturaleza e incluso tendían
la ropa en los jardines y andadores de la Casa de la Cultura. La familia De la
Rosa se fue al mercado de Icacos donde tampoco duraron mucho tiempo y tres
meses después querían regresar.
La familia De la Rosa optó por ubicarse en la banqueta de enfrente, por ser más amplia con toda su vendimia. Sin embargo, cuando se abrió el restaurante Fersato’s (propiedad del abogado Fernando Salinas Torres) se tuvieron quitar.
Los comerciantes se aprovecharon
de la buena voluntad por ayudarlos de la exfuncionaria quien meses después se
convirtió en directora-gerente del periódico El Sol de Acapulco cuando fue
invitada a participar en ese proyecto por el empresario Mario Vázquez Raña,
presidente de la Organización Editorial Mexicana.
Durante el sexenio de José Francisco Ruiz Massieu se les hizo una cabañita de dos metros y luego se instalaron en lo que sería después el Museo del Deporte, pero ellos querían estar cerca de la ruta turística, junto a la calle, y comenzaron a moverse.
Fue Rubén Darío Piza Romano, otro
director de Casa de la Cultura, quien formalmente les permitió un sitio en las
instalaciones a cambio de un pago económico y en especie, recursos utilizados
para el funcionamiento de las instalaciones.
Cuando se realizaba un evento
cultural donde hacía falta una mesa de artesanos les hablaban a ellos para que
cubrieran ese espacio. Al terminar uno de tantos programas, la hija de Emilio
ya no quiso salirse con sus hermanas y padre con el argumento de que “había
sido invitada por el gobierno” por lo que colocaron su mesita y poco a poco se
fueron extendiendo hasta ocupar toda la instalación.
Años más tarde, Blanca Reyna
Aguirre, también autorizó un espacio para que el arquitecto y pintor José
Vélez, quien era pareja de una de las actuales dirigentes de esos vendedores
considerada la más beligerante, se instalara con su caballete, sus brochas e
realizara su trabajo artístico-cultural. El artista se fue de Acapulco, pero se
quedó en ese lugar María Guadalupe Yépez Uribe, su compañera sentimental.
Tras Ruiz Massieu pasaron los
gobiernos de Rubén Figueroa Alcocer (sustituido por el entonces dirigente del
PRI Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero) y René Juárez Cisneros y todos los
comerciantes (aumentados en número de familias) se mantuvieron en la posesión
ilegal.
Durante el gobierno del
empresario Zeferino Torreblanca Galindo se realizó un intento de desalojo, pero
se dio marcha atrás luego del escándalo mediático que encabezó el periódico
acapulqueño El Sur con cuyo director Juan Angulo Osorio se mantenía una pugna
por el contrato de publicidad oficial. El reportero designado para el
seguimiento informativo del periódico impreso fue Xavier Rosado Peraza, yerno
de la dirigente de comerciantes.
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| Foto tomada dela Enciclopedia Guerrerense |
Ese entonces, los vendedores de
artesanías argumentaron su petición de amparo y protección de la justicia
federal contra actos del director del Instituto Guerrerense y otras autoridades
a quienes señalaban de dar la orden y acciones encaminadas para que “el grupo
de artesanos tengan el impedimento para desarrollar con normalidad la actividad
comercial en los patios de la Casa de la Cultura, sita en avenida costera
Miguel Alemán 4834 del fraccionamiento Costa Azul de Acapulco”.
Pedían que “el director del
Instituto Guerrerense de la Cultura y el director de la Casa de la Cultura de
Acapulco (aunque en la petición de amparo no dicen sus nombres quienes ocupaban
esos cargos eran Nora Elisa Méndez González y Nelly Bello Flores, respectivamente)
fueran impedidos legalmente de realizar toda obra y acción para instalar una
malla ciclónica que impida el libre acceso a los clientes para adquirir sus
artesanías”.
Entre las pruebas que presentaron
los vendedores para pedir el amparo se encontraron tres avisos de recibo de la
Comisión Federal de Electricidad a nombre de Carmelita De la Rosa Jiménez (la
CFE solo hace contrataciones a propietarios del sitio) y un oficio del 12 de
agosto del 2003 donde la directora del Centro Cultural de Acapulco (no dice
nombre) convoca a una reunión a los quejosos.
Otros elementos de prueba
presentados son un oficio suscrito por la directora del Centro Cultural de
Acapulco (no indica el nombre) donde pide a la CFE la instalación de un
suministro de energía eléctrica para los artesanos que laboral dentro de la
Casa de la Cultura, un recibo expedido a Carmelita De la Rosa Jiménez referente
al pago de luz y otro oficio signado por la directora de Centros Culturales,
Difusión y Promoción Artística (no dice nombre) a la representante común de los
comerciantes.
También fueron exhibidas como
pruebas un convenio celebrado entre los quejosos y el Ayuntamiento de Acapulco
para la venta de artesanías en el interior de la Casa de la Cultura. Finalmente
mostraron una secuencia fotográfica con la cual pretendían acreditar que las
obras para el enrejado del acceso a la Casa de la Cultura les impedía laborar.
En la respuesta a la petición de
amparo, emitida el 19 de febrero del 2010, el juez séptimo del Distrito del
Centro Auxiliar de la Novena Región, Mario Cantú Treviño, decidió el
sobreseimiento del juicio de garantías promovido por los comerciantes ya señalados
con nombres y apellidos por ser improcedente su petición.
Todo el procedimiento legal para
desalojar fue iniciado por un despacho de abogados, encabezado por el que fuera
procurador de justicia Eduardo Murueta Urrutia, pero quedó en espera luego de
que concluyó el sexenio de Torreblanca Galindo quien fue sustituido como
gobernador constitucional por el expriista y ahora experredista Ángel Heladio
Aguirre Rivero.
Sin embargo, la siguiente titular
del entonces Instituto Guerrerense de la Cultura y actual secretaria federal de
Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, desistió darle seguimiento al tema sin que
se conozca justificación alguna para tomar esa decisión.
Frausto Guerrero era la responsable del sector cultural del estado como una cesión de Aguirre Rivero a un compromiso político adquirido con el entonces dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática y actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Según los comentarios vertidos
sobre esa controvertida decisión de no seguir la demanda fue que la entonces
funcionaria estatal les compraba huipiles a las mujeres comerciantes, con
aspecto indígena, y las llevaba a exhibiciones culturales. Igualmente, pedía
artesanías para regalar en reuniones que encabezaba a cambio de permitirles
continuar en el sitio sin pagar un solo centavo ni de renta ni de los servicios
que ocupaban en luz, agua potable y uso de las instalaciones sanitarias.
Pocos días después de que el
huracán Otis destruyera todo el sitio, los trabajadores se dedicaron a la
limpieza de su centro laboral sin recibir una sola herramienta de la Secretaría
de Cultura. La actual titular de la dependencia, Aída Melina Martínez Rebolledo,
llegó una mañana con un grupo de acompañantes y solamente fue a tomarse la
fotografía para mostrar el grado de devastación y prometerles algunas despensas
que no recibió la mayoría.
La funcionaria estatal quien
presume la protección y amparo del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la
actual gobernadora de Guerrero, es conocida como uno de los funcionarios de ese
sector cultural de mayor actitud prepotente que ha habido y siempre procura
hacer en menos el trabajo de los trabajadores a quienes llama como “sus
empleados”.
Una semana después de Otis,
mandos de la Guardia Nacional se acercaron a la zona destruida. En pláticas con
el director del Centro Cultural de Acapulco, Víctor Hugo Jasso Ortiz, le
indicaron que ellos realizarían la labor de reconstrucción del sitio, pero más
tarde adelantaron que usarían ese lugar para la pernocta del personal militar.
Al atravesarse la temporada vacacional de los trabajadores, los militares hicieron uso de las instalaciones. Ahí durmieron, se bañaron y hasta lavaban su ropaje. La idea de construir un centro de mando de la Guardia Nacional en esa zona turística de Acapulco fue tomando forma. El personal de la Secretaría desconocía el motivo de la presencia de los guardias nacionales y la decisión, pregonada por los mismos militares, de que “se trataba de una orden que venía de arriba”.
El pasado miércoles, el
secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González,
informó que la dependencia a su cargo ya tiene listos 21 predios para iniciar
la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional en Acapulco y Coyuca de
Benítez y adelantó que la próxima semana iniciarían los trabajos.
El anuncio lo realizó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los 21 lugares exhibidos, la Casa de Cultura como coloquialmente se le conoce al sitio cultural, ocupó el lugar número 15 de la lista de sitios acapulqueños donde se construirán centros de mando de la Guardia Nacional.
Ahora que han retornado a sus
actividades laborales, los empleados de la Secretaría de Cultura y del Centro
Cultural de Acapulco (Casa de la Cultura) son sometidos a rigurosos escrutinios
por parte de los militares. Todos los trabajadores deben presentar una
identificación oficial de que trabajan en el sitio o no los dejan pasar, luego
los anotan que ingresaron y cuando se van también son registrados.
En cambio, a los comerciantes
invasores no les molestan con nada por parte de los elementos de la Guardia
Nacional. Mientras los trabajadores realizaban los trabajos de limpieza y
remoción de algunos escombros, los vendedores iniciaron sus ventas como si nada
hubiera ocurrido.
Los sedicentes artesanos ocupan
la Sala de Usos Múltiples donde se instalaría una biblioteca Educal. Su
ocupación ilegal impidió que durante el gobierno de Zeferino Torreblanca
Galindo se concluyera una remodelación integral de las instalaciones culturales
acapulqueñas.
Los militares, invasores también, actualmente ocupan parte de las instalaciones de la Galería Ixcateopan, un aula de la Escuela de Iniciación Artística, el auditorio Juan García Jiménez, la sala de lectura Carlos Fuentes y el salón Jaguar donde se daban cursos de iniciación temprana para bebés.
Durante una exposición
fotográfica en 2023, mucho antes de que el huracán Otis devastara Acapulco, la
actual secretaria estatal del sector se acercó a los artesanos para indicarles
que metieran todas las cosas que tenían tendidas sobre parte de las instalaciones.
Carmen De la Rosa le dijo dándole
palmaditas en la espalda y en tono sarcástico:
—Somos de los mismos. También
nosotros apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Acudimos a la
marcha para apoyarlo. Mejor cálmese, relájese, somos iguales. Somos los mismos.
La funcionaria estatal ya no dijo
más. Agachó la cabeza y se retiró del lugar.
