*Se debe visibilizar a la violencia familiar como una de las más graves violaciones a la dignidad y a los derechos humanos; es deber del Estado
/Trópico Noticias
Chilpancingo; Guerrero a 22 de abril de 2025.- La diputada Luissana Ramos Pineda (Morena) propuso adicionar el Código Penal del Estado de Guerrero para fortalecer el marco legal en materia de violencia familiar pues acarrea graves consecuencias que van de la depresión al suicidio.
La propuesta contempla reconocer todas las formas de violencia: física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial y contra los derechos reproductivos, pero, además amplía el concepto de relación familiar y la “de hecho”, e incorpora sanciones más severas, medidas de protección y tratamientos especializados para personas agresoras.
La adición legal que plantea la legisladora establece también, de manera específica y ampliada, a los sujetos activos del delito, con el objetivo de garantizar a las víctimas, principalmente mujeres, el derecho humano a vivir libres de violencia.
En su propuesta de adición y modificación del delito de violencia familiar y violencia familiar equiparada contemplada en los artículos 198 y 200 del Código Penal del Estado, Ramos Pineda sostiene que las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes son una forma de discriminación que les impide disfrutar de derechos y libertades en igualdad de condiciones con los hombres.
Dijo que las conductas violentas entre los miembros de la familia, principalmente contra mujeres, tienen que ser limitadas y sancionadas por el Estado, ya que provocan consecuencias graves como depresión, trastornos de estrés postraumático, de personalidad, ansiedad, uso de sustancias ilegales, del sueño, alimentación y hasta suicidio.
Por ello, comentó: “en el ámbito de justicia, a través de las resoluciones judiciales, se debe visibilizar y sancionar la violencia familiar reconociéndola como una de las más graves violaciones a la dignidad y a los derechos humanos, y por ende como uno de los más grandes obstáculos para el desarrollo humano”.
En ese sentido, Luissana Ramos propone que, quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra del o la cónyuge, excónyuge, concubina, exconcubina, el concubinario, exconcubinario; el pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado, el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado; el adoptante o adoptado; el incapaz sobre el que se es tutor o curador; y la persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia se le impondrá de uno a seis años de prisión.
Además, se sancionará también con la pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se sujetará al agente a tratamiento especializado para personas agresoras de violencia familiar.
También, señala la legisladora morenista, se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las mismas penas y medidas de seguridad, al que realice cualquiera de los actos señalados en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado o con quien tenga una relación de hecho o la haya tenido en un período hasta de dos años antes de la comisión del acto u omisión.
Se entenderá por “relación de hecho” la que exista entre quienes mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio; se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo; se incorporen a un núcleo familiar, aunque no tengan parentesco con ninguno de sus integrantes; tengan relación con los hijos de su pareja, y a la vez ellos con la pareja de alguno de sus progenitores.
Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia.
Acuerdos
La diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena) presentó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial del Estado a generar guardias de trabajo en días y horas inhábiles, en juzgados de primera instancia, en materias Familiar, Civil y/o Mixto, que conozcan y resuelvan asuntos familiares (alimentos, convivencia y violencia familiar), con las facultades para resolver casos de urgencia, garantizando de esa manera el acceso a la justicia, sin importar que el día y momento cuando ocurra la necesidad del ciudadano sea hábil o no. Fue turnado a la Comisión de Justicia.
