*” Esta medida representa un acto de justicia y un paso firme hacia la recuperación del poder adquisitivo de quienes entregaron su vida laboral al servicio del país”, planteó
* La transición sería progresiva y responsable, con visión de Estado
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 25 de mayo de 2025.- La Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos analiza una iniciativa de adición a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la
diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) para que las pensiones de las
trabajadoras y trabajadores se calculen en salarios mínimos y no en UMA’s,
restituyendo un derecho laboral que garantice una vejez digna con justicia
social.
Durante su intervención el pasado 23 de mayo, la legisladora
señaló que esta medida representa un acto de justicia y un paso firme hacia la
recuperación del poder adquisitivo de quienes entregaron su vida laboral al
servicio del país, y hoy enfrentan pensiones reducidas por el uso de una unidad
no vinculada al salario mínimo ni a la inflación.
Recordó que el cambio del salario mínimo a la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) para determinar pensiones fue una decisión tomada
en el sexenio del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, bajo una
política que considera afectó los derechos adquiridos por las y los
trabajadores y fue diseñada para fines administrativos y fiscales.
Agregó que eliminar el uso de la UMA para calcular pensiones
ha generado impugnaciones, amparos, manifestaciones, resoluciones judiciales e
incluso pronunciamientos de organismos de derechos humanos por parte de
diversos sectores que coinciden en que esta medida vulnera principios de
progresividad y seguridad social consagrados en la Constitución y en Tratados
Internacionales firmados por México.
Por lo anterior, Araceli Ocampo enfatizó que la reforma busca
corregir lo establecido desde el ámbito jurídico, económico y moral, al
devolver a las y los pensionados el cálculo original de sus pensiones en
salarios mínimos, y no en UMA, que fue diseñada solo con fines administrativos
y fiscales. Aclaró que la transición sería progresiva y responsable, con visión
de Estado. “Esta es una deuda histórica con quienes confiaron en que el Estado
garantizaría una vejez digna”, subrayó.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la Unión para
atender esta legítima exigencia, asegurando que esta iniciativa representa el
compromiso de seguir avanzando en la restauración de los derechos laborales,
priorizando al pueblo y no los intereses financieros.
