*En México hay mil 053 niñas y niños huérfanos, cuyas madres fueron víctimas de feminicidio
*Urge elaborar legislaciones más robustas que no solo
encarcelen a los perpetradores, sino que también protejan a las familias de las
víctimas
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 17 de mayo de 2025.- Para garantizar los derechos de
protección de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad,
víctimas indirectas por feminicidio, la diputada Leticia Mosso Hernández (PT)
propuso el pasado 15 de mayo, una iniciativa con proyecto de decreto, al adicionar
la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Guerrero.
En la propuesta, que analiza la Comisión de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, la diputada expone que en México existen más
de mil 053 niñas y niños huérfanos, cuyas madres fueron víctimas de
feminicidio.
Por ello, refiere que es fundamental entender que la
violencia de género no solo afecta a las víctimas, sino que sus efectos se
extienden a las familias y comunidades en su conjunto y que los niños y las
niñas que quedan huérfanos no solo enfrentan la pérdida de su madre, sino
también son susceptibles de un ciclo de violencia que puede perpetuarse a lo
largo de las generaciones.
Además, señala que su bienestar emocional y psicológico corre
un riesgo inminente, y muchas veces se encuentran atrapados en un sistema que
no les proporciona el apoyo que necesitan para sanar y reconstruir sus vidas.
“Debemos elaborar legislaciones más robustas que no solo
encarcelen a los perpetradores, sino que también protejan a las familias de las
víctimas. Esto incluye la creación de programas de apoyo psicológico y jurídico
para las y los hijos de las víctimas, asegurando que no queden desprovistos”,
apuntó Mosso Hernández.
Y plantea la inclusión de derechos específicos en la Ley 812
para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Guerrero, en situación de orfandad, víctimas indirectas por
feminicidio, contemplando, entre otros aspectos, el acceso a servicios de salud
mental, apoyo psicosocial y jurídico que les brinde herramientas para superar
su dolor y desarrollar su potencial.
Todo eso, mediante la aplicación del Protocolo Nacional de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, así como sanciones penales a la persona servidora pública que retarde o entorpezca “por malicia o negligencia” lo establecido en la reforma propuesta.
Asimismo, se debe garantizar su protección frente a cualquier tipo de violencia y abuso que pueda presentarse en su camino hacia la recuperación y la normalización de sus vidas, y que todos los esfuerzos se realicen en un marco de respeto absoluto a su dignidad y derechos, creando un entorno donde puedan sanar y construir un futuro mejor.
